En línea con los pedidos de las centrales sindicales más cercanas a la Casa Rosada, la CGT de Antonio Caló y la CTA que comanda Hugo Yasky, el Gobierno llevará a la mesa de diálogo con empresas y gremios una serie de medidas destinadas a profundizar el combate del empleo en negro, una realidad que, pese a las mejoras registradas en el mercado laboral, se mantiene en niveles elevados y alcanza a 1 de cada 3 trabajadores.
El paquete de iniciativas, que fue diseñado en conjunto por funcionarios del Ministerio de Trabajo y de la AFIP y será elevado a los representantes sindicales y empresarios, contempla entre sus ejes la creación de un nuevo Registro de Empleadores, con el cual el Ejecutivo busca aumentar la sanción para aquellas empresas que reincidan en la contratación de personal en forma irregular y a la par potenciar la condena social como forma de disuasión del fraude laboral. Según la propuesta oficial, al registro serán incorporados los empleadores sancionados por infracciones vinculadas a situaciones de informalidad o empleo infantil, quienes permanecerán inhabilitados para operar o acceder a cualquier tipo de beneficio fiscal hasta que regularicen la situación y paguen las multas adeudadas.
Además, ante la desigualdad de recursos provinciales para volcar a la inspección laboral, el plan abarca un refuerzo de las políticas de fiscalización para lo cual se pretende dotar a la cartera laboral y a la Afip de mayores competencias y nuevos instrumentos legales que potencien su capacidad de control del fraude laboral a nivel nacional. A ello se sumará el aumento de los miembros del cuerpo federal de inspectores contra el trabajo informal, que en la actualidad integran unos 800 funcionarios.
El paralelo, el paquete proyecta la implementación de un sistema de incentivos destinado a pequeños y micro empleadores que utilizan la no registración para mantener unidades productivas precarias. En ese sentido, la intención oficial es crear un régimen tarifado especial similar al instrumentado en el caso del servicio doméstico, con lo que se buscará facilitar la registración y reducir los costos laborales en unidades productivas de menos de 5 empleados.
La apuesta del Gobierno es incorporar el paquete de medidas contra la informalidad en la agenda del diálogo al que convocó la presidenta Cristina Fernández y que tendrá mañana en Río Gallegos su puntapié inicial. Sin embargo, se prevé que la discusión práctica de las iniciativas se efectúe en el marco de la Comisión de Empleo del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil, cuya integración quedó definida por el Ministerio de Trabajo, representantes de la CGT y la CTA y de las principales cámaras empresarias durante la negociación del aumento del piso salarial en julio pasado.
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