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El Centro Regional Rosario del Ente Nacional del Gas (Enargás), que tiene a su cargo el control administrativo y técnico de las proveedoras del servicio en toda la provincia, cuenta apenas con cinco empleados de los cuales sólo dos son profesionales con especialización en gas. El número contrasta con la tarea asignada por ley a esta dependencia, textualmente "tratar la relación entre las empresas distribuidoras y los usuarios de dicha área". En territorio santafesino, Litoral Gas es la firma más extendida: llega a 88 localidades con 563.226 clientes.

Las oficinas de la delegación local del Enargás están en Corrientes al 500. La explosión iniciada el martes 6 en el edificio de Salta 2141 por un escape de gas que dejó 21 muertos y más de 60 personas heridas apenas se sintió en la cuadra. "Parecía una bomba de estruendo y, en ese momento, pensamos que podría haber sido una manifestación", dicen los vecinos.

Sin embargo, tras el incidente, la dependencia quedó en el centro de todas las miradas. Durante toda la semana, el testimonio de su titular fue requerido por los medios, entre ellos La Capital. Una y otra vez, Luis Alberto Moriondo ensayó la misma respuesta: "Las explicaciones relacionadas con el siniestro se deben solicitar en la sede central del ente, en Buenos Aires".

Moriondo va a cumplir 21 años al frente del Centro Regional Rosario. Desde entonces, la oficina mantuvo más o menos la misma estructura. Los gasistas que frecuentemente circulan por allí para realizar algún trámite la conocen. "Hay cinco personas, dos afectados al tema de garrafas, otro a Litoral Gas, una administrativa y el delegado regional. No hay ningún inspector. Difícilmente revisen las instalaciones. Litoral Gas es juez y parte, el poder de policía lo tiene la licenciataria", coincidieron varios técnicos ante la consulta de este diario.

El delegado regional del organismo tampoco habla de la cantidad de empleados que trabajan en la dependencia. "Son suficientes", aseguró. Otras fuentes del Enargás se encargarán de confirmar el dato: cinco agentes, tres profesionales, "dos con especialización en gas y amplia experiencia". La jurisdicción del Centro Regional Rosario alcanza a toda la provincia donde sólo Litoral Gas tiene 563.226 clientes en 88 localidades, según se informa en la página web de la empresa.

Bajo la lupa. El trabajo del Enargás como organismo de control de las firmas distribuidoras de gas fue puesto en tela de juicio tras el siniestro de Salta y Oroño, considerado la peor catástrofe vivida en la ciudad de Rosario.

Durante esta semana, el diputado nacional Carlos Comi (Coalición Cívica-ARI) pidió a la presidenta de la comisión de Energía y Combustibles que cite a los directivos del ente para que ofrezcan explicaciones sobre las causas que generaron la explosión. Sobre todo, Comi apuntó a la demora de más de tres horas en cortar el suministro.

En la cámara Alta, el socialista Rubén Giustiniani también solicitó información sobre las tareas de regulación, fiscalización y control en relación a la empresa Litoral Gas. Puntualmente, las inspecciones, revisiones y pruebas realizadas en instalaciones y equipos de la empresa o cualquier "otra medida tendiente a proteger la seguridad pública en el área de la prestación del servicio", tal como lo establece el marco regulatorio del servicio.

Además pidió un detalle de los reglamentos y recomendaciones en materia de seguridad de control y uso de medidores, de interrupción y reconexión de los suministros y de escapes de gas; otra facultad atribuida por la ley. Y la tarea realizada en el último año para verificar el cumplimiento de los términos y condiciones de la concesión, entre otros puntos.

"El Enargás es responsable del control de las actividades de la empresa, lo que queremos saber es si efectivamente cumple con esa tarea", sostuvo el legislador.

Hacia atrás. La ley Nº 24.076, que autorizó la privatización de Gas del Estado allá por 1992, es la misma que creó la figura del ente de control del servicio. También la que marcó una de las páginas negras de la cámara Baja nacional: la bancada radical se retiró de la votación y el voto que le faltaba al justicialismo para aprobar la norma se lo prestó un asesor de Julio Samid, Juan Kenan, más recordado como "el diputrucho".

En 2007 el organismo fue intervenido, rozado por el escándalo desatado por el caso Skanska, sospechada de haber pagado coimas para la ampliación de gasoductos. La medida iba a extenderse 180 días, pero continúa hasta hoy.

En noviembre de 2007 se nombró al frente del organismo a Antonio Luis Pronsato. Y pese a los numerosos pedidos en la Legislatura para normalizar el organismo, sucesivos decretos prorrogaron la medida. La última vez fue el 18 de enero pasado.