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Salvo un cambio de posición, no previsto, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no tendrá que hablar en el Congreso sobre el caso Bárcenas y sus derivaciones hasta mediados de septiembre. El PP hará valer hoy su mayoría absoluta para bloquear cualquier posibilidad de comparecencia del presidente del Gobierno ante la Cámara, con el fin de preservarlo. Primero, en la Junta de Portavoces, hará que el pleno extraordinario de los días 16 y 17 de julio no incluya sesión de control al Gobierno, y luego hará valer sus votos en la Diputación Permanente para oponerse al deseo de todos los demás grupos de que comparezca en un pleno monográfico.

La Moncloa alega que el pleno de la próxima semana incluye debates de calado y extensos, referidos, por ejemplo, a la ley de educación (Lomce), la de emprendedores y varias normas procedentes del Senado. De esa forma, el orden del día que elabore hoy la Junta de Portavoces incluirá solo el trámite legislativo y, salvo cambio, no habrá sesión de control al Gobierno en ese pleno. Si la hubiera, la oposición podría pedir explicaciones sobre Bárcenas, aunque fuera de forma limitada a dos minutos por pregunta. El próximo pleno con sesión de control será la segunda semana de septiembre y entonces, dentro de dos meses, podrá plantearse el asunto al presidente y al resto del Gobierno. De aquí a entonces, las circunstancias del caso habrán cambiado con seguridad.

El parapeto parlamentario para el presidente se terminará de levantar por la tarde, cuando, además, el PP impedirá que prosperen en la Diputación Permanente las peticiones apoyadas por todos los grupos para que Rajoy comparezca urgentemente. La tesis del Gobierno y el PP es que el asunto está siendo investigado por la justicia y, sobre todo, que Bárcenas no debe marcar con su presión o su estrategia de defensa la actividad del Parlamento. No puede impedir el PP que en la Diputación Permanente de hoy todos los demás grupos planteen sus críticas y denuncias sobre el caso. Al portavoz del PP, Alfonso Alonso, le corresponde el amargo trago de intervenir para negar la comparecencia y defenderse de la previsible catarata de acusaciones.



¿Qué puede hacer la oposición? Nada: la mayoría absoluta sirve para frenar peticiones de comparecencia. Solo puede esperar a nuevos acontecimientos para que la firma de dos grupos parlamentarios fuerce otra Diputación Permanente durante el verano para que el PP pase por el trance del bloqueo. La oposición puede también expresar su protesta cada vez que pueda o participar en gestos testimoniales como el que ayer inició a propósito del proyecto de Ley de Transparencia. Todos los grupos, salvo UPyD, boicotearon la reunión de la ponencia que discute las 500 enmiendas a ese proyecto de ley, por entender que no puede hablarse de transparencia sin aceptar primero que se interpele al presidente sobre corrupción. La ponencia se reunió ayer y el PSOE y el resto de los grupos de la izquierda decidieron irse, lo que forzó también la ausencia de CiU y PNV. Hoy está convocada de nuevo la ponencia para antes de la Diputación Permanente, pero el PSOE pretende extender su boicot hasta que Rajoy explique el caso Bárcenas en la Cámara.

PP y PSOE estaban cerca de un acuerdo sobre las enmiendas a esta ley, aunque habían tropezado con el escollo de los capítulos dedicados al buen gobierno. La Moncloa pretendía eliminar esta parte, que podría solaparse con el estatuto de los políticos que prepara el Ejecutivo.

El vicesecretario del PP, Esteban González Pons, respondió vinculando el plante del PSOE y la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) a la investigación sobre los ERE en Andalucía y acusó a esos grupos de hacer seguidismo de Amaiur al haber abandonado la reunión junto con los abertzales.