Estamos mal. Y vamos peor. Ése es el principal hallazgo sobre corrupción en la Argentina que surge del Barómetro Global 2013, cuyos resultados difundirá hoy Transparencia Internacional (TI). La Argentina es el país del continente americano donde más aumentó la percepción de ese flagelo durante los últimos dos años. El 72% considera que aumentó, frente al 19% que estima que sigue igual y sólo el 9% restante que afirma que se redujo.
No sólo eso. Según los encuestados, la Argentina es también el segundo país de América cuyo gobierno es visto como menos efectivo a la hora de luchar contra la corrupción. El 74% respondió que no lo es, frente al 14% que lo considera efectivo y otro 12% que no le adjudica mérito ni ineficacia. En ese podio, sólo lo superan las autoridades de Paraguay, con un porcentaje negativo del 78 por ciento.
"Indudablemente la mayoría de los argentinos considera que la corrupción viene aumentando año tras año. Esta encuesta en particular es alarmante, dado que el aumento percibido en la Argentina es el más grande de la región y uno de los mayores a nivel global", remarcó Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano, que se encarga del "capítulo argentino" de Transparencia Internacional.
Con 1001 personas encuestadas por teléfono por la firma Ibope en todo el país entre septiembre pasado y marzo de este año, sin embargo, el relevamiento también ofrece una nota optimista. El 80% de los encuestados consideró que los ciudadanos pueden hacer una diferencia en la lucha contra la corrupción, el 88% denunciaría incidentes de ese tipo y, con distintos niveles de participación, se involucraría de manera concreta para combatirla.
Para eso, el desafío pasa por desarrollar e impulsar canales idóneos, cuando los partidos políticos, los funcionarios públicos, el Congreso, la policía y el Poder Judicial figuran al tope de las instituciones percibidas como más corruptas. Les siguen, por orden decreciente, el empresariado, los medios, los credos, los militares, los servicios médicos y de salud, el sistema educativo y, como lo más respetado, las organizaciones no gubernamentales (ONG).
"Este panorama exige un verdadero compromiso del Gobierno y de los ciudadanos en la materia", explicó Secchi. "Se necesitan leyes más estrictas, un Poder Judicial realmente independiente y, muy especialmente, terminar con la impunidad, o sea castigar efectivamente a los culpables, que les da a los ciudadanos la certeza de que no hay voluntad de luchar contra la corrupción", destacó.
Lejos de mejorar durante los últimos años, sin embargo, los índices sobre la Argentina muestran un agravamiento. En el anterior informe, correspondiente a 2010-2011, el 60% percibió que la corrupción había aumentado, frente al 24% que la estimaba estable y otro 16% que vio una mejoría.
URUGUAY, EL MENOS "MALO"
En el relevamiento de 2013, los resultados tampoco fueron alentadores para otros países del hemisferio. Entre los que cosecharon peores cifras junto a la Argentina sobresalen México, Venezuela, Jamaica y Paraguay. Pero también Chile (61% considera que se agravó la corrupción desde 2011) y Estados Unidos (59%, frente al 10% que estima que se redujo en ese período).
Por el contrario, los países con mejores -o, en rigor, menos preocupantes- índices son Uruguay (43% cree que aumentó la corrupción, frente al 34% que considera que sigue igual y otro 23% que se redujo), Perú y Brasil, seguidos de Canadá.
El estudio muestra, de todos modos, otro rasgo habitual en este tipo de encuestas. Ante la pregunta directa sobre el pago de sobornos, ninguno de los países mencionados figura al tope del listado, dada la resistencia del encuestado a reconocer errores o delitos propios. Por el contrario, Bolivia figura como el país con más alto porcentaje, con el 36%.
CICCONE: ANALIZAN UN TESTIMONIO
La Cámara de Casación estudia un pedido para anular un testimonio en el caso de la ex imprenta Ciccone. Se trata de la declaración de Laura Muñoz, ex mujer de Alejandro Vandenbroele, el ex monotributista que dice no estar ligado al vicepresidente Amado Boudou y que manejaba la imprenta hasta su nacionalización. Boudou argumentó que una esposa no puede declarar contra el marido. Ya intentó con esta nulidad ante el juez Ariel Lijo y la Cámara Federal, que la rechazaron. Ahora los jueces Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, de Casación, decidieron abrir el recurso y analizar el testimonio.
La menor solo contaba con las dosis de vacuna recibidas al nacer. Especialistas advierten sobre la importancia de mantener el calendario nacional al día y recuerdan que los adultos deben aplicarse un refuerzo cada 10 años.