De los siete miembros de la Corte Suprema de Justicia, solo uno votó en disidencia: Raúl Zaffaroni. El magistrado entendió que la reforma del Consejo de la Magistratura impulsada por el Gobierno es constitucional y, en consonancia con el kirchnerismo, manifestó que "la regla republicana es la representación popular".
Zaffaroni expresó su coincidencia con la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, quien en las últimas horas se mostró favorable a la ley del oficialismo en un dictamen presentado ante el Máximo Tribunal.
El magistrado manifestó que la reforma constitucional de 1994 "se caracterizó por perfilar instituciones sin acabar su estructura" y que, en particular dejó pendiente "finalizar la estructuración del Consejo de la Magistratura".
En alusión a ese organismo, lo describió como "una institución novedosa, con defectuosa estructuración, que dio lugar a que en menos de veinte años fuese objeto de tres reformas".
"A esto se suma que, en los últimos años, su deterioro funcional llegó hasta el límite de la paralización, como bien lo señala el dictamen de la señora Procuradora General, con la consecuente imposibilidad de designación de jueces para cubrir las numerosas vacantes que se han ido produciendo", agregó Zaffaroni.
Para este juez "la solución legislativa" propuesta por Cristina Kirchner, "al menos otorga directamente a la ciudadanía la atribución de integrar el Consejo".
"Es perfectamente posible que la elección por listas y por partidos políticos genere dificultades, pero también las ha generado la elección estamentaria, cuyas consecuencias están a la vista", agrego el integrante de la Corte. Zaffaroni recordó que la independencia también depende "de que el poder de presión interna del Poder Judicial, no sea ejercido por los órganos de mayor instancia, que es la esencia del concepto de corporación o verticalización".
Y concluyó, en alusión al fallo de María Servini de Cubría: "De conformidad con lo dictaminado por la señora Procuradora General Gils Carbó en cuanto al fondo de la cuestión planteada, se resuelve revocar la sentencia apelada".
Comenzará el lunes 4 de mayo y se completará el viernes 8. El personal policial y penitenciario, junto con los pasivos que cobran hasta $ 1.350.000 tendrán depositado sus haberes en cuenta este viernes. La liquidación incluye el incremento acordado en paritarias.