El 30 de marzo no fue un día más para los estudiantes de la Escuela Normal N° 40 de San Cristóbal, ni lo volverá a ser. Lo que era un acto rutinario, el izamiento de la bandera que da inicio a la jornada escolar, se transformó en un evento traumático que escaló de manera impensada cuando un estudiante decidió asistir armado y abrió fuego contra sus compañeros, provocando una muerte.
Ian Cabrera tenía 13 años, y llevaba apenas unos meses en la escuela ya que había pasado al Nivel Secundario. Fue sorprendido en la zona de los baños, y un disparo terminó con su vida.
El asesino tiene 15 años, no lo eligió a su víctima, sino que abrió fuego con una escopeta, "al voleo", causando esta muerte e hiriendo a ocho adolescentes más. Un portero logró reducirlo y evitar que se convirtiera en una masacre.
Qué dice la Justicia
Por su edad fue declarado inimputable y sobreseído por la Justicia de Santa Fe. Actualmente, permanece en una institución especializada con tratamiento psicológico, evaluándose su reinserción educativa.
Cabe recordar que la nueva ley que baja la edad de imputabilidad a menores de 16 a 14 años recién entrará en vigencia en el mes de septiembre.
La investigación policial logró determinar que el ataque fue orquestado y ejecutado en el marco de la pertenencia a una subcultura digital llamada "True Crime Community".
Un segundo adolescente, de 16 años, fue imputado y recibió prisión preventiva por 90 días, acusado de encubrimiento y presunta participación secundaria al recibir material del ataque previo.
Volver a clases, un desafío que costó
Las clases tardaron dos semanas en retomarse en San Cristóbal, incluso muchos alumnos, por miedo a nuevos ataques, manifestaron sus deseos de no regresar. Para mitigar esta situación y contener a los estudiantes, el gobierno provincial implementó un abordaje interdisciplinario para asistir a la comunidad educativa.
El retorno fue progresivo y gradual, priorizando espacios de escucha y diálogo con las familias.
Ahora, el adolescente que mató a Ian, está cerca de retomar su educación, ya que podría comenzar a estudiar de manera virtual entre junio y julio.
“No es una broma, es un delito”
Lo sucedido trascendió a San Cristóbal, e incluso a la provincia de Santa Fe, ya que se registraron múltiples falsas amenazas de tiroteos en escuelas de todo el país. En el caso de Santa Fe, fueron más de 70 incidencias que se debieron atender por escritos en paredes, principalmente en baños.
En consecuencia, el gobierno provincial decidió sancionar obligando a los padres de los responsables a pagar los costos del despliegue policial. Los montos rondan entre los 5 y 7 millones de pesos, con un plazo para abonar de cinco días; vencido ese término, los antecedentes se giran a la Fiscalía de Estado.
Según estimaciones oficiales, con la identificación de los autores de los hechos y de los adultos responsables, el monto total reclamado superaría los 250 millones de pesos, que se calcula en función de los recursos policiales afectados en cada operativo: combustible, vehículos, brigadas especializadas -como las de explosivos- y horas de servicio.