Un caso de violencia de género fue denunciado hoy ante los medios, por una joven madre que asegura ya no saber dónde más reclamar. Quince denuncias policiales por daños, amenazas y lesiones, sumada a una medida judicial de “distancia” parecerían no ser suficiente para terminar con el hostigamiento que desde hace más de un año sufre la mujer.
El último episodio, el del hartazgo, ocurrió el sábado a las dos y media de la tarde. “Con un hacha me golpeó en la cabeza”, que por fortuna no la impactó de lleno y sólo hubo que aplicarle “cuatro puntos de sutura”, contó Analía Belén Mendoza.
La joven de 27 años es madre de dos nenas de 3 y 9 años, las cuales cría en su casa del barrio Ciudadela de la capital provincial. “Trabajo todo el día para una empresa de correos privado, mantengo a las nenas y la casa, pero así no puedo vivir”, se queja Analía, todavía con marcas visibles del golpe sobre su frente.
Restricción
Acerca de su ex pareja, sólo dijo que “tiene 29 años” y que “no hace nada” y por lo tanto tampoco aporta para la manutención de las pequeñas.
Si bien el conflicto de pareja se inició en febrero del año pasado, desde el 11 de mayo de 2012 Analía cuenta con una “medida de distancia” extendida por el Tribunal Colegiado de Familia N° 5, según lo establecido por Ley N° 11.529.
Formalmente existe una orden judicial para el hombre, de mantener una distancia no menor a 200 metros de su ex concubina; pero también le impiden acercarse a su casa y la casa de su suegra, que son los lugares donde suelen estar las nenas.
El motivo de la disputa: “Él quiere las nenas, pero vive drogado y yo no se las quiero dar en ese estado”, reconoció Analía.
Indefensa
En cuanto a lo ocurrido el sábado, “fue con intenciones de agredirme a mí y a mi hermano” a quien también golpeó. E insistió, “no puedo vivir, me rompe la casa, me deja sin luz, me saca las térmicas, me rompe las puertas y la primera vez me quemó con un cigarrillo”.
A propósito de los sucesivos episodios Analía cuenta: “Ya hice 15 denuncias” y ahora “me dicen que vaya a tribunales”, pero “cuando fui a tribunales me dijeron que no puedo ir todas las semanas a hacer una denuncia”.
Tras 16 meses de recorrer comisarías y pedir auxilio en instituciones del Estado, Analía lamenta que de hecho el único que la defiende sea su hermano. Atemorizada por lo que pueda pasar de aquí en más la mujer pide “que alguien haga algo porque a este simple papel (orden judicial de distancia) no lo respetó nunca”.
Comenzará el lunes 4 de mayo y se completará el viernes 8. El personal policial y penitenciario, junto con los pasivos que cobran hasta $ 1.350.000 tendrán depositado sus haberes en cuenta este viernes. La liquidación incluye el incremento acordado en paritarias.