El empresario kirchnerista Lázaro Báez, imputado en la causa por la ruta del dinero K, recusó a la jueza María Gabriela Lanz que lo investiga en una causa por presunta extorsión a Federico Elaskar, ex dueño de SGI, la financiera más conocida como “La Rosadita”.
El dueño de Austral Construcciones presentó, a través de sus abogados Gabriel Gandolfo y Nicolás Guzmán, un escrito en el que acusa a la magistrada de una “posible pérdida de imparcialidad”, así como también de “filtraciones de información” a los medios, antes que a su defendido.
En el mismo, piden que se aparte la titular del juzgad de instrucción N°42, que citó a Báez declaración indagatoria, y que el sumario se remita a la Oficina de Sorteos de la Cámara del fuero para la designación de un nuevo tribunal.
“Nos fuimos enterando de esa causa por los medios y no por notificaciones judiciales, al día de hoy no nos notificaron ni siquiera del llamado a indagatoria”, explicaron a Clarín voceros de Lázaro Báez. “Fuimos al juzgado y tampoco nos permitieron ver ninguna información de la causa porque rige el secreto de sumario, pero después vemos todo en los diarios”, agregaron.
La defensa de Báez sostiene que hubo un proceso “incorrecto e improcedente” por parte de la jueza Lanz al aceptar la actuación del fiscal José María Campagnoli, a la que denominan como una “investigación paralela y falta de legitimidad”.
“Ante varias insistencias se nos manifestó en el juzgado que se había ordenado el secreto de sumario en el expediente por lo que resulta llamativo que nos enteremos del avance de la causa por los medios de comunicación. Esto indica una filtración manifiestamente ilegal de información”, sostuvo el Dr. Guzmán.
La Corte Suprema resolvió que organismos públicos no pueden utilizar teléfonos o correos electrónicos de ciudadanos sin autorización y anuló artículos de la ley de datos personales por vulnerar la privacidad y la autodeterminación informativa.