¿Qué nivel de corrupción perciben los argentinos? ¿La aceptan? ¿En qué circunstancias? ¿Creen en la versión de las bóvedas en la casa o el mausoleo del ex presidente Néstor Kirchner? La última encuesta del Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano aclara el panorama.
Lo primero que llama la atención es que el 48% de los encuestados violaría la ley en ciertas ocasiones, mientras que la mitad de los consultados admitieron que participarían de un acto de corrupción si el beneficio económico es alto.
Otro dato revelador es el incremento considerable del nivel de tolerancia a la corrupción. El 55% aceptaría a “un político que mejore la economía o solucione los problemas del país y al mismo tiempo sea corrupto”. Un 40% lo rechazaría.
En general, los argentinos, según el sondeo, piensan que la corrupción “es endémica” y “está extendida a todos los ámbitos públicos”. Para el 56% el nivel es “alto”, mientras que un 29% sostienen que es “medio”.
A su vez, 7 de cada 10 ciudadanos afirma que los corruptos deberían ir presos y no tendrían que poder acceder a cargos públicos de por vida.
Una de las preguntas cuyas respuestas más contrastaron con las de años anteriores es la de si conoce a alguien que tenga un cago público y cobre sin trabajar, es decir, a un "ñoqui". Mientras que en 2008 el 27% había dicho que sí, este año respondió de ese modo el 53 por ciento.
Hay dos cuestiones del sondeo directamente ligadas a las elecciones de octubre. En primer lugar, el 51% cree en “la versión que afirma la existencia de bóvedas para guardar dinero en la casa de Cristina Fernández y/o en el mausoleo de Néstor Kirchner”. En tanto, la mitad de los argentinos también opina que los casos de corrupción impactarán en los comicios legislativos.
La encuesta demostró que los ciudadanos tienden a aceptar las violaciones de la ley. En este sentido, el 46% cree que “hay que adaptarse a la corrupción para sobrevivir”, el 60% piensa que es “aceptable” pagar una coima para evadir impuestos, el 50% cometería un acto de corrupción y sólo el 52 por ciento de las personas apoya el principio de que “la ley debe respetarse sin excepciones”.
La Corte Suprema resolvió que organismos públicos no pueden utilizar teléfonos o correos electrónicos de ciudadanos sin autorización y anuló artículos de la ley de datos personales por vulnerar la privacidad y la autodeterminación informativa.