Heit, quien está detenida desde noviembre por maltratos contra Sonia Molina (33), había sido beneficiada por la jueza de Garantías 1, Gilda Stemphelet, quien consideró que no existía peligro de fuga ni entorpecimiento de la investigación.
Debido a dicha medida, la fiscal de Delitos Sexuales, María Marta Corrado, apeló, por lo que la decisión fue analizada por la sala primera de la Cámara de Apelaciones y Garantías, integrada por Pablo Hernán Soumolou, Guillermo Giambelluca y Gustavo Barbieri.
Fuentes judiciales señalaron "que a raíz de la medida dispuesta por la Cámara, la periodista continuará alojada en la unidad Penal Cuatro de Villa Floresta en Bahía Blanca".
En primera instancia se le había concedido la prisión domiciliaria, y la jueza de Garantías había manifestado que "el arresto domiciliario, no deja de ser un encierro, pero que se lleva a cabo en un domicilio particular en vez de una unidad carcelaria".
El hecho por el que Heit (29) y su esposo, el pastor Jesús Olivera (28), están acusados comenzó a investigarse el 12 de noviembre, cuando Molina denunció ante la Policía de Coronel Suárez que acababa de escapar de la casa de la pareja, donde había estado cautiva durante tres meses.
Según la denuncia, la periodista y su esposo habían sometido a Molina a tormentos y despojado de todos sus bienes bajo un ardid motivado en cuestiones religiosas.
El 18 de diciembre, la jueza de Garantías Susana Calcinelli (que subrogaba a Sthempelet), dictó la prisión preventiva de la pareja.
A diferencia de la fiscal, que había acusado a Heit y Olivera de privación ilegal de la libertad y abuso sexual, la magistrada consideró que Molina fue reducida a la servidumbre por la pareja y sólo al hombre le imputó el abuso sexual.
Los dos acusados se declararon inocentes ante la Justicia y sostuvieron que era Molina la que no se quería ir de la casa de ellos porque estaba obsesionada con Olivera, que se golpeaba ella misma y no comía y les entregaba su dinero por decisión propia.
La Cámara Comercial confirmó la condena contra la entidad por no detectar operaciones inusuales. La víctima perdió más de $2,4 millones en seis transferencias.