La noche en la Bombonera estuvo cargada de tensión. Ni el partido ni el resultado con Newell’s preocuparon tanto a la dirigencia como el operativo que se llevó a cabo en la Bombonera y que terminó con 51 barras detenidos en las inmediaciones del estadio, y las oficinas del club allanadas.
El juez Manuel de Campos, a cargo de la causa por la que Mauro Martin está preso y ‘Maxi’ Mazzaro se encuentra prófugo, llegó hasta la “Bombonerita”, complejo donde se entrena el primer equipo, y donde suele juntarse “La 12” en la previa de los partidos. Allí la Policía Federal detuvo a 51 barras, entre ellos a Santiago Lancry, uno de los integrantes más antiguos de la barra.
El motivo de la detención fue la incompatibilidad entre los documentos y los carnets que poseían los barras para ingresar al estadio. Pero el de De Campos fue más allá que el hecho concreto de la detención. El juez acusa a los detenidos por formar parte de una asociación ilícita.
Cuando el operativo policial comenzó en los alrededores de la Bombonera, los personajes principales que buscaba De Campos no estaban. Los líderes de la barra habían sido avisados por contactos de la fuerza policial y de la Secretaria de Inteligencia del Estado (SIDE), y no habían concurrido al estadio. El conocimiento previo, con un día de anticipación, los llevó a presentar ante la Justicia, ayer por la mañana, pedidos de exenciones de prisión.
Tras once horas de operativo, la Justicia ordenó la detención del presidente del Departamento de Socios, Carlos Mechetti. El juez busca probar la connivencia entre los barras y la dirigencia de Boca. Para eso la policía y los servicios de inteligencia tienen más de cien celulares intervenidos y avanzan en la búsqueda de responsables.
A pesar de haber concurrido ayer a la cancha, los jefes de “La 12” estarán en problemas. De Campos les dictará la detención porque tiene escuchas comprometedoras que los involucra. El mundo Boca hoy tiene dos realidades antagónicas. Por un lado demostró estar capacitado para pasar a las semifinales de la Copa Libertadores. Por otro, vive una tormenta que involucra a dirigentes y barras en una relación de poder y dinero.
La Cámara Comercial confirmó la condena contra la entidad por no detectar operaciones inusuales. La víctima perdió más de $2,4 millones en seis transferencias.