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El juez instructor del caso Nóos, José Castro, investigará a la infanta Cristina por delito fiscal tras incorporar las 10 declaraciones de la renta de la hija de Rey al sumario del caso Nóos. El fiscal anticorrupción balear Pedro Horrach pidió la semana pasada que el juez solicitara un informe a la Agencia Tributaria para determinar si cabía imputar a doña Cristina por delito contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales. Según publican distintos medios hoy, este informe apuntaría a que no habría cometido delito fiscal. El juez ha decidido, sin embargo, abrir ya la investigación.

El juez Castro imputó a la infanta Cristina el pasado tres de abril tras considerar que conocía los negocios por los que su marido está implicado en el caso Nóos. El fiscal anticorrupción y la Abogacía del Estado se opusieron a esta decisión y la Audiencia de Palma dejó en suspenso la imputación el pasado 7 de mayo. La resolución judicial cerró la puerta a la vinculación de la Infanta por cooperación o complicidad con el delito presuntamente cometido por su marido, al considerar que no hay indicios de que conociera que los negocios de Urdangarin eran ilegales. Pero el mismo auto judicial abrió la vía para reactivar la imputación de la hija del Rey por delito fiscal.

El fiscal Pedro Horrach reclamó al juez Castro que pidiera de inmediato a la Agencia Tributaria un informe sobre si el delito fiscal que los expertos de Hacienda atribuyeron en enero pasado al yerno del Rey, Iñaki Urdangarin, a través de su empresa Aizóon, es una imputación extensible a la Infanta, con quien compartía la propiedad de esta sociedad al 50%. Varios medios aseguran hoy que la Agencia descartará que haya existido este delito.
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El Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha subrayado que es la Agencia Tributaria la que "marcará el terreno de juego" en lo que respecta a una posible imputación de la Infanta por delito fiscal y ha subrayado que "una vez se reciba el informe" las partes lo valorarán. Mientras el abogado de Iñaki Urdangarin, Mario Pascual Vives, ha asegurado que le parece "muy interesante" que el informe de la Agencia Tributaria encargado por la Fiscalía no encuentre elementos para imputar a la Infanta Cristina por un delito de fraude fiscal. También el abogado de la Infanta, Miquel Roca, ha aplaudido que el informe de la Agencia Tributaria no encuentre elementos para imputar a la hija menor del Rey por fraude fiscal.
Camps y Barberá, al borde de la imputación

El juez prepara ya la imputación del expresidente valenciano Francisco Camps y de la parlamentaria autonómica y alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, por los contratos firmados entre el Gobierno valenciano y el Instituto Nóos. Castro reclamará a las Cortes valencianas que acrediten la condición de diputados de ambos y enviará parte de la causa a la justicia valenciana.

Camps y Barberá están al borde de la imputación por la adjudicación a dedo de varios contratos a favor del instituto que dirigían Urdangarin y su socio Diego Torres, por casi cuatro millones de euros entre 2004 y 2006. La declaración de Urdangarin ante el juez José Castro del pasado 23 de febrero colocó a los dos dirigentes del PP valenciano en situación similar a la del expresidente balear Jaume Matas, ya imputado en el caso Nóos por dar adjudicaciones a dedo.

Urdangarin admitió ante el juez que todos los contratos a dedo que logró de las administraciones valencianas —los dos eventos Valencia Summit y la preparación de unos Juegos Europeos en esa comunidad— tuvieron su origen en sus entrevistas con Camps y Barberá, que asumieron sus propuestas y le adjudicaron esos proyectos sin concurso público alguno.

El pasado 7 de mayo, los magistrados de la Audiencia de Palma que suspendieron —“de momento”, escribieron— la imputación que dictó Castro en su día sobre la hija del Rey, por su relación no sustentada por el instructor en la trama criminal de Iñaki Urdangarin, marcaron otra vía: la posible imputación de la infanta por un supuesto delito fiscal y, además, otro posible de blanqueo de capitales, ligados a los negocios sucios de Urdangarin a través de su empresa Aizoon.

Los magistrados de la sala intuyeron que la ciudadana Cristina de Borbón y Grecia podría ser “supuesta cooperadora omisiva de socio no administrador” de los delitos de su esposo en la empresa cuya propiedad comparten Aizóon. La infanta presidió las dos últimas juntas universales anuales de accionistas cuando anteriormente actuaba de secretaria en el ajustado reparto de papeles para dos.

El fiscal anticorrupción Pedro Horrach entiende que no se modificará el criterio de los inspectores tributarios que en enero cargaron directamente en el yerno del Rey, Iñaki Urdangarin, tres posibles delitos fiscales, a través de su empresa Aizóon. El fiscal y la Agencia Tributaria sostienen que un socio, en este caso la infanta, no puede asumir una imputación del administrador, su esposo.

“No se puede descartar” sostuvo la Audiencia de Palma e indicó al juez que abriera “líneas de investigación”, insinuadas. La Sala en insistió que se “despejen las dudas e inconsistencias” del primer informe los inspectores de Hacienda para que éstos “den respuesta a las cuestiones tributarias que se suscitan y también referidas al posible blanqueo de capitales”.

Urdangarin cobró como consejero de diversas empresas privadas 645.000 euros en 2007 y 493.000 euros en 2008. Ese dinero lo percibió a través de Aizoon y lo declaró a Hacienda como si correspondiera a rentas obtenidas por su sociedad. Así pagó mucho menos por impuestos que si hubiera declarado ese dinero como retribuciones personales. Una parte de los beneficios se destinó a la propiedad familiar, el ‘palacete’ de Pedralbes.

En esos ejercicios, Urdangarin se desgravó el pago del alquiler de una furgoneta familiar; gastos del pago de la plantilla de Aizóon por supuesto asesoramiento a su cargo de consejero. Todos ellos, según la Agencia Tributaria, “no se compadecen con las actividades que decía realizar la empresa”.

“Puede concluirse”, señalaban los inspectores fiscales, “que, al margen de su actividad de arrendamiento de inmuebles, Aizóon ha sido utilizada por Ignacio Urdangarin Liebaert como sociedad interpuesta para percibir rentas derivadas de su propia actividad personal, aprovechando no solo la diferencia entre los tipos impositivos del Impuesto de Sociedades y el marginal del IRPF, sino la posibilidad de deducción de gastos personales así como la aplicación de una libertad de amortización en el Impuesto de Sociedades a la que Aizóon no tenía derecho habida cuenta de su comprobada inactividad”.