El juez federal Sebastián Casanello tomó ayer dos decisiones inmediatas luego de la denuncia en la que la diputada Elisa Carrió mostró pruebas de que Lázaro Báez había desmontado parte de su casa en Río Gallegos.
El juez, que tiene a cargo la investigación por lavado de dinero contra el empresario, envió la denuncia a la Justicia de Río Gallegos y además ordenó la protección de los testigos que fueron quienes revelaron el desmantelamiento de una bóveda en la casa de Báez.
Casanello consideró, según confirmaron fuentes judiciales, que la denuncia de Carrió no se ajusta a lo que él tiene bajo investigación por lavado de dinero y la envió a la Justicia federal de Río Gallegos.
Sin embargo, esta tarde el fiscal Guillermo Marijuán apeló la decisión de Casanello de enviar la causa a Santa Cruz.
Ayer, la diputada denunció en la Justicia que Báez habría sacado de una bóveda de su propiedad dinero, armas y documentos que podrían servir como pruebas para la investigación.
La legisladora hizo la presentación ante el fiscal federal Guillermo Marijuán, quien imputó a Báez, y habría aportado además una importante cantidad de fotos sobre el supuesto vaciamiento de las cajas que habrían estado en una propiedad del empresario en Río Gallegos.
La Cámara Comercial confirmó la condena contra la entidad por no detectar operaciones inusuales. La víctima perdió más de $2,4 millones en seis transferencias.