Sonia Alesso, José Testoni y Marita Zurbriggen, secretaria general y miembros de la comisión directiva de Amsafé provincial fueron amenazados por “un ex policía retirado, ex miembro de Drogas Peligrosas de la provincia”. Las amenazas que Alesso definió de “tipo ideológicas y vinculadas con nuestro compromiso con los derechos humanos” fueron realizadas en diferentes hechos en la delegación gremial de San Javier.
Por LT 10 la gremialista sostuvo que se trata de “un hecho desagradable, nosotros vamos a hacer la denuncia pertinente directamente ante la Justicia y la Secretaría de Derechos Humanos”.
“Estamos muy preocupados, porque se trata de un ex policía, retirado, que formó parte de Drogas Peligrosas y es el esposo de una docente que integra una de las listas identificadas con el Frente 4 de Abril que conduce la secretaria de la seccional San Javier, Mabel Vivas”, contó a este medio la secretaria de Amsafé provincial, Sonia Alesso.
La secretaria general de Amsafé provincial, Sonia Alesso; el secretario adjunto, José Testoni y la secretaria de prensa, Marita Zurbriggen integran la lista Frente Trabajadores de la Educación para volver a conducir la provincia.
Alesso se lamentó que estos actos repudiables se den dentro de la campaña por las elecciones que se avecinan en el gremio docente y están previstas para el 12 de junio que viene. Y anticipó que “los abogados del gremio ya tienen en sus manos esta denuncia a la que darán el curso correspondiente”.
La noticia corrió desde anoche por las redes sociales, donde Alesso escribió en su cuenta de Facebook: “Los que todavía no saben lo que pasa en la Delegación San Javier, les cuento que están amenazando gente y que un policía retirado , ex.-de drogas peligrosas, estuvo lanzando amenazas contra mí, contra el compañero José Testoni y contra Marita Zurbriggen, lo hago público porque aunque no es mi estilo, ya lo denunciaremos como corresponde. Hago responsable a todos los que con sus discursos avalan estos actos de violencia !!!!!!”.
La Cámara Comercial confirmó la condena contra la entidad por no detectar operaciones inusuales. La víctima perdió más de $2,4 millones en seis transferencias.