El Gobierno de Bolivia promulgó este lunes la ley que permitirá al presidente Evo Morales presentarse a las elecciones para buscar un tercer mandato que le convertiría, de ser elegido, en el presidente que más tiempo ha gobernado el país andino.
La nueva norma, ya sancionada por el Parlamento, fue promulgada durante la noche del lunes por el vicepresidente Álvaro García Linera, que ejercía como presidente al encontrarse Morales de viaje en Estados Unidos.
El Gabinete de ministros, las presidentas de la Cámara de Diputados y el Senado, y asociaciones sociales y sindicales afines al Gobierno respaldaron con su presencia la aprobación de una ley avalada por el Tribunal Constitucional y rechazada por la oposición, que considera que se está vulnerando la Carta Magna boliviana.
"El Constitucional ha reafirmado lo que ya estaba en la Constitución", afirmó García Linera durante un discurso de una hora en el Palacio de Gobierno en La Paz, donde acudió, dijo, "cargado con libros para dar un garrotazo a la derecha".
Un fallo del TC avaló en abril pasado, tras una consulta del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), una tercera postulación de Morales y su vicepresidente, Álvaro García Linera, al considerar que no cuentan los mandatos anteriores a la refundación de Bolivia como Estado Plurinacional en 2009.
Morales, primer presidente indígena de Bolivia, inició su primer mandato en enero de 2006 tras ser elegido con el 53,7 % de los votos, y revalidó la presidencia en 2010 con un 64 % de apoyo en las urnas. Según el dictamen del Constitucional, el primer mandato no cuenta, al ser anterior a la refundación del país.
Sin embargo, la Carta Magna boliviana, promulgada también en 2009, recoge que el presidente y vicepresidente sólo podrán ser reelegidos consecutivamente para un segundo mandato, y que para ese cómputo contarán los gobiernos anteriores a la vigencia de la nueva Constitución.
Por este motivo, la oposición considera que el TC ha emitido un informe contrario al texto constitucional, y anunció medidas legales, entre ellas una apelación a la Organización de Estados Americanos (OEA) para que examine la situación en Bolivia.
La Cámara Comercial confirmó la condena contra la entidad por no detectar operaciones inusuales. La víctima perdió más de $2,4 millones en seis transferencias.