Como muchos sectores temían, el Tribunal Constitucional de Guatemala decidió la noche de este lunes anular la sentencia del juicio que había condenado al exdictador Efraín Ríos Montt a 80 años de prisión por genocidio y delitos de lesa humanidad. Tras una sesión maratoniana, los magistrados llegaron a una decisión dividida, con tres votos favorables para Ríos y dos en contra, aceptando los recursos que había presentado la defensa del general por supuestas irregularidades.
Los magistrados consideran que el tribunal no resolvió en su día una recusación planteada en contra de dos miembros de esa judicatura y todas las actuaciones judiciales celebradas desde el 19 abril hasta el 10 de mayo, día de la sentencia, deberán ser repetidas.
Los magistrados se habían visto presionados por los poderes fácticos, en esta ocasión representados por la Asociación de Veteranos militares de Guatemala (Avemilgua), que llegó a amenazar con movilizar hasta 50.000 paramilitares de las tenebrosa Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) y de la todopoderosa patronal, aglutinada en el Comité Coordinador de Asociaciones Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif).
Por una parte, la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (Avemilgua), amenazó con marchar sobre la capital y paralizar el país a base de bloquear las principales vías de comunicación hasta lograr la liberación del viejo caudillo. Por su parte, la patronal respondió a la condena con un comunicado en espacios comprados en la prensa, la radio y la televisión, donde rechaza, absolutamente, la existencia de un genocidio en Guatemala.
La reacción de los militares era previsible: hasta la restauración de la democracia, en 1985, fueron formados bajo una disciplina inspirada en la obediencia ciega, tan propia de los ejércitos habituados al intervencionismo -la historia de Guatemala está plagada de golpes de Estado- y a no rendir nunca cuentas a nadie. Sin embargo, el pronunciamiento empresarial solo se explica, en palabras del historiador José Cal, “porque tradicionalmente el Ejército ha estado al servicio del gran capital” y añade que su postura también evidencia que la represión fue financiada, desde siempre, por el empresariado.
Reacciones encontradas
La decisión del Constitucional ha provocado reacciones encontradas en el país. El analista Manfredo Marroquín, presidente de Acción Ciudadana (independiente) dijo a EL PAÍS que la anulación del juicio es una muestra más de la “extrema debilidad del sistema de justicia de Guatemala”. Añadió que este fallo es una señal que confunde a la opinión pública nacional e internacional y que viene a confirmar un temor generalizado: “La impunidad sigue siendo la única ley que rige en Guatemala”, extremo que, en alguna manera convierte a este país en “una amenaza muy grande” para la convivencia democrática de la región”.
El periodista Gonzalo Asturias, quien fuera el secretario de Prensa de la presidencia de Ríos Montt, sin entrar a calificar la decisión del Constitucional, dijo que Ríos Montt no es más que un “chivo expiatorio que intentó poner freno a la orgía de sangre que heredó del gobierno de Romeo Lucas García”. Asturias dice ser testigo de cómo Ríos Montt ordenó el máximo respeto para la población civil. “Que no se mate a nadie que no sea combatiente” era la orden, pero la oficialidad la ignoró olímpicamente, “como consecuencia de la inercia de desmanes heredada del gobierno depuesto con el golpe del 23 de marzo de 1982”.
La Cámara Comercial confirmó la condena contra la entidad por no detectar operaciones inusuales. La víctima perdió más de $2,4 millones en seis transferencias.