Amado Boudou se presentó la semana pasada ante el juez Ariel Lijo, quien lo tiene imputado en la causa Ciccone. En un extenso escrito solicitó su sobreseimiento en el expediente donde está acusado de, cuando era ministro de Economía, haber intercedido ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para que la empresa Ciccone Calcográfica obtuviera un plan de facilidades para pagar sus deudas impositivas.
Boudou presentó un planteo llamado de "excepción de falta de acción" por el que señaló que los hechos investigados en la causa no constituyen delito. La defensa del vicepresidente señaló que los hechos investigados no constituían los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública ni lavado de dinero.
El fiscal del caso, Jorge Di Lello se opuso al pedido de Boudou. Y lo mismo hizo Lijo quien, según la resolución publicada por el Centro de Información Judicial, consideró que el pedido debía rechazarse. Señaló el juez que la calificación hecha por el fiscal Di Lello cuando impulsó la investigación no define "el rumbo del proceso" ni "orienta la investigación a un fin determinado".
Boudou está bajo investigación por su actuación a favor de Ciccone Calcográfica que estaba dirigida -antes de la expropiación estatal- por Alejandro Vandenbroele, un abogado cercano a José María Núñez Carmona, amigo del vicepresidente.
Boudou y Vandenbroele niegan conocerse por lo que, sostiene Boudou, no habría delito de negociaciones incompatibles. Pero en la causa hay indicios de que había una relación entre ellos. Por ejemplo, Vandenbroele aseguró que algunas noches dormía en el departamento que Boudou le alquilaba -en teoría- a Fabién Carosso Donatiello. Este último hace años que no viene a Buenos Aires, vive en España. Vandenbroele pagaba el cable y el servicio de internet del departamento de Boudou.
Pero a pesar de todo ello, niegan la relación. Laura Muñoz, ex esposa de Vandnebroele, aseguró que el padre de su hija tenía una relación con el vicepresidente, algo que fue negado por los acusados en el expediente.
Luego del rechazo firmado por Lijo, Boudou tiene la posibilidad de apelar esa decisión a la Cámara.
La menor solo contaba con las dosis de vacuna recibidas al nacer. Especialistas advierten sobre la importancia de mantener el calendario nacional al día y recuerdan que los adultos deben aplicarse un refuerzo cada 10 años.