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Las pruebas del caso Lázaro Báez, que investiga la sospecha de lavado de dinero y fuga de capitales de sobreprecios en la obra pública, no sólo se acumulan en la Justicia argentina.

En Suiza también pusieron la lupa sobre el empresario kirchnerista, hoy en el ojo de la polémica a raíz de la investigación de Jorge Lanata. El mismo ruido está generando a ambos lado del océano.
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Se acumulan las revelaciones en torno a sospechas de desvío de fondos públicos en la Argentina”, señaló ayer el diario helvético Le Matin, al tiempo que advirtió que el Ministerio Público de la Confederación (MPC) recibió la semana pasada una denuncia vía fax que ponía en el blanco a ciudadanos argentinos sospechosos de desvío de dinero. En el listado figura la familia Báez.

La información fue confirmada por la vocera del MPC, Jeannette Balmer, quien recordó que, aunque se abra un procedimiento, las cuentas no son automáticamente bloqueadas.

Sin embargo, otro diario de Suiza, el Tages Anzeiger, publicó que el banco Lombard Odier informó que una cuenta relacionada al empresario santacruceño fue cerrada. “Nos enteramos de este caso por la prensa. Es verdad que hubo una relación de cliente con una de las personas citadas”, fue toda la respuesta oficial de la institución, que evitó precisar cuándo ni por quién fue cerrada la cuenta, aunque reveló que los fondos (sin precisar el monto) fueron transferidos a otro banco suizo con presencia en Latinoamérica.

Por otro lado, si bien la vocera del MPC no reveló la identidad de los autores de la denuncia, aclaró que no se trató de una requisitoria del juez Sebastián Casanello, en quien al final de un ir y venir, recayó el expediente.

Es cierto: la denuncia fue enviada por los diputados Manuel Garrido y Graciela Ocaña. “La presentación ante el Procurador de ese país busca colaborar en el esclarecimiento de esta maniobra y recuperar los fondos que en definitiva se robaron de Argentina”, sentenció ante El Cronista la ex ministra de Salud. En el pedido de ambos legisladores apuntaron contra Helvetic Service Group, una empresa suiza creada en 2005, que habría comprado la financiera SGI de Madero Center, rebautizada “La Rosadita” ante las sospechas, desde donde Federico Elaskar y Leonardo Fariña habrían enviado 55 millones de euros en el primer semestre de 2011 a paraísos fiscales.

Elaskar, antes del “arrepentimiento” había confesado a Periodismo Para Todos que había vendido SGI ante “presiones” y “amenazas de muerte”.

Ocaña y Garrido dirigen sus sospechas contra las cabezas visibles de Helvetic: Marcelo Ramos, de 28 años, y Verena Fontana, una profesora de literatura. Encima de todo eso, además por el hecho de que todos los caminos apuntan a Madero Center, los legisladores deslizan que se investigue al titular del Banco Macro, Jorge Brito.