Según el dictamen que también firmó Carlos Gonella, de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), la imputación de lavado de dinero es a partir de unas 20 carpetas que acompañó esta mañana la Unidad de Información Financiera con un detalle de cuentas y movimientos millonarios de dinero.
Son movimientos bancarios dentro y fuera del país y, según los investigadores, intentan determinar desde qué lugar y hacia dónde se dirigía el dinero que manejaban Elaskar y Fariña desde 2010 a la fecha y que no podrían justificar en función de sus ingresos.
Por eso, una fuente consultada por Infobae no descartó que, de avanzar con esas medidas, podría determinarse si Fariña, tal como dijo la primera vez en cámara oculta, manejó fondos del empresario kirchnerista Lázaro Báez.
En su requerimiento, el fiscal también pidió investigar movimientos sospechosos de dinero de otras 16 empresas, en su mayoría financieras y sociedades comerciales. En ese sentido, le pidió al juez federal Sebastián Casanello que libre oficios a la AFIP, la Inspección General de Justicia (IGJ), el Banco Nación y el Banco Central, entre otros organismos.
Pero también el fiscal pidió que se solicite informes a estos y otros organismos para investigar las actividades de la financiera SGI, la que era de Elaskar y ahora –según sus dichos– habría quedado en manos del contador Daniel Pérez Gadin tras haber sido presionado para venderla.
Son en total unas 15 medidas de prueba solicitadas por la fiscalía y que ahora evaluará el juez Casanello.
En el dictamen, los fiscales González (quien subroga la fiscalía por unos días de su par Guillermo Marijuan) y Gonella también pidieron varias declaraciones testimoniales y los informes que dispararon el escándalo realizados por Periodismo Para Todos y aquellos que tuvieron lugar en los días posteriores.
Habitualmente descartadas tras el uso, pueden convertirse en aliadas inesperadas del reciclaje doméstico