Se trata de Marta Silvia Franco, esposa del ex funcionario menemista Alberto Kohan. Delgado pidió que sea procesada por el delito de enriquecimiento ilícito.
Lo hizo ante la Cámara Federal para evitar que quede firme el sobreseimiento dictado por el juez Ariel Lijo, quien tiene a su cargo la investigación sobre el incremento patrimonial de Kohan y Franco.
El ex secretario general de la Presidencia y ministro de Salud y Acción Social durante el gobierno de Carlos Menem será enjuiciado a partir de junio próximo por el delito de enriquecimiento ilícito. A Kohan lo había procesado Lijo, quien, sin embargo, sobreseyó a Franco. La mujer de Kohan fue funcionaria pública, ya que estuvo al frente de un registro de la Propiedad Automotor de la Capital.
Delgado señaló que, según se desprende de la investigación, “no se descarta la intervención de Franco en el enriquecimiento ilícito de su marido” y que ella “acompañó el accionar de su marido, quien acrecentó su capital en aras de los dos y bajo la connivencia de su mujer, Silvia Franco”. Kohan, santafesino, geólogo y uno de los hombres de mayor confianza de Menem, fue denunciado en 1999.
La causa sobre los bienes de Franco comenzó en 2007 como un desprendimiento del expediente en el que se investigó el crecimiento patrimonial de Kohan. Antes de 1991 –Menem asumió en 1989– Kohan sólo contaba con una propiedad en la calle Pasteur 629, en Vicente López valuada en unos 150 mil pesos/dólares. La investigación determinó que tras su paso por la función pública ya era poseedor de nueve inmuebles y un barco valuado en 142 mil pesos/dólares y 70 armas. Según la acusación hecha por Delgado, el ex funcionario no pudo justificar bienes por 1.200.000 de pesos/dólares.
Para el fiscal no quedan dudas: “se comprobó un incremento patrimonial que benefició a la sociedad conyugal” y por eso pide el procesamiento de Franco, quien está casada con Kohan desde 1974. Mientras el ex funcionario espera que en junio comience su juicio en el Tribunal Oral Federal 4, su esposa debe esperar a que la Cámara Federal decida si la procesan o no por el mismo delito: enriquecimiento ilícito.
Habitualmente descartadas tras el uso, pueden convertirse en aliadas inesperadas del reciclaje doméstico