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En plena discusión parlamentaria, los empresarios se sumaron al debate sobre la reforma judicial, presentada por el Gobierno como un paquete de proyectos de ley que buscan “democratizar” ese poder, pero fuertemente cuestionada por los especialistas. Desde el sector empresario pusieron reparos a las iniciativas por considerar que afectarán la independencia de la Justicia y el desarrollo de las inversiones.
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Las reglas son fundamentales y es central saber que existe una Justicia independiente”, sostuvo el presidente de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), Jaime Campos, en declaraciones radiales. El directivo recordó que “el funcionamiento de la República requiere de la división de poderes y, sobre todo, saber que existe una Justicia independiente”.

Campos también enfatizó que no se trata sólo de la política, sino también de la economía, debido a que “para todo aquel que quiera invertir en la Argentina, es vital tener una Justicia no sólo independiente sino también prestigiosa”.

La Sociedad Rural Argentina (SRA) también hizo saber su profunda inquietud frente a los proyectos de ley enviados por el Ejecutivo al Congreso y alertó que pueden “poner en grave peligro la división de poderes que consagra la Constitución Nacional, dejando a merced de una mayoría circunstancial los derechos individuales esenciales de los ciudadanos”.

La entidad no sólo cuestionó el modo en que la reforma propone que sean elegidos los miembros del Consejo de la Magistratura, que según la iniciativa serían designados según el voto popular, sino también la limitación del recurso de las medidas cautelares, “único camino para contener al poder político hasta tanto puedan dictarse las sentencias”, y la creación de nuevas Cámaras en una instancia superior a las actuales –las de Casación– “para llenarlas con funcionarios adictos”, manifestó la SRA. “Está claro que en un futuro inmediato la voluntad omnímoda del poder central no tendrá límites de ningún tipo”, agregó la entidad rural que dirige Luis Miguel Etchevehere.

Desde la UIA, el vicepresidente Daniel Funes de Rioja –abogado y titular de la Copal– también cuestionó la reforma judicial, aunque fue moderado en sus declaraciones. Habló a título personal y se mostró a favor de “no innovar” en cuanto a la estructura y definición del Consejo de la Magistratura, es decir, que la elección de sus miembros siga siendo tarea de los profesionales en la materia.

Sobre las cautelares, aseveró que “las normas procesales que habilitan las cautelares tienen una razón de ser, y es preservar una situación para evitar un daño irreparable” y, en este sentido, “no pueden desaparecer”, afirmó Funes de Rioja.

Por su parte, el gerente de la Cámara de Importadores de la Argentina (CIRA), Miguel Ponce, admitió que si bien todo lo que mejore las condiciones de la Justicia es bienvenido, preocupa algunos de los proyectos que ponen en riesgo la llegada de inversiones al país. “Esta reforma propone discutir el tema, pero nos inquieta que se pueda afectar la seguridad jurídica en momentos en que estamos necesitando inversiones”, manifestó Ponce, al tiempo que remarcó que hay que terminar con la dicotomía actual e intentar que una reforma judicial salga por consenso. “La Justicia tiene que ser política de Estado; no de facciones. Estas cosas no pueden obedecer a parcialidades”, sugirió el gerente de CIRA.