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Con el país expectante, el primer ministro luso, el conservador Pedro Passos Coelho, en una solemne alocución televisada, informó a los portugueses de que la pesadilla continúa: para compensar el agujero en las cuentas públicas que deja el fallo del Tribunal Constitucional declarando ilegales algunas medidas del presupuesto en vigor, el Gobierno reducirá los gastos en educación, sanidad, en prestaciones de Seguridad Social y en empresas públicas (de las que dependen, entre otras cosas, el metro y los autobuses).

Passos Coelho justificó la decisión en que el país se encuentra en un estado de “emergencia nacional” y que está determinado a cumplir con los compromisos adquiridos con la troika. Añadió que, en contra de lo que parece desprenderse de la sentencia del tribunal, no piensa subir los impuestos (ya los ha subido este año de una forma considerable) y que no le queda otro remedio, para asegurar el futuro del país, que dejar de gastar.

“Tenemos que evitar un nuevo rescate. La alternativa a no cumplir con nuestros socios es precisamente esa, la de pedir una nueva ayuda. Pero eso no se evita con buenas palabras y con buenas intenciones, sino con hechos concretos. No será fácil. No hay mucho margen”. De ahí que Passos Coelho piense, para cuadrar el círculo de las cuentas públicas, en una “aceleración de la reestructuración del Estado” encaminada, claro, a adelgazarlo.

Tras el fallo del Tribunal Constitucional, hecho público el viernes por la noche y echando por tierra medidas por valor de 1.350 millones de euros, todo se aceleró en el país: el sábado se celebró un consejo de ministros extraordinario en el que estuvo encima de la mesa, según la prensa portuguesa, desde la dimisión en bloque del Ejecutivo hasta la petición de un segundo descarte. Después, lo único concreto que salió fue una declaración durísima contra el alto tribunal portugués, al que acusaba de poner en riesgo la credibilidad financiera del país y colocarlo al borde de una nueva quiebra.

El secretario de Estado de Presidencia, Luis Marquez Guedes, recordó que esta semana que entra es crucial para la economía portuguesa ya que en una reunión del Ecofín, en Dublín, el ministro de Finanzas, Vítor Gaspar, tenía pensado pedir la ampliación de los plazos de los vencimientos de los pagos del préstamo acordado por la troika en 2011 por valor de 78.000 millones. Y que la sentencia del Tribunal Constitucional pone en peligro.

Tras la reunión del Consejo de Ministros, el primer ministro salió para reunirse, de urgencia, con el Jefe del Estado portugués, Aníbal Cavaco Silva, a fin de buscar un apoyo político necesario en un momento de fragilidad completa. Cavaco Silva, con capacidad para destituir al Ejecutivo, se lo dio, y lo refrendó en un comunicado en el que asegura que el Gobierno “dispone de condiciones para cumplir con el mandato que le fue encomendado”. Por lo pronto, pues, parece que el fantasma de la dimisión en bloque se aleja.