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El jefe de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, Todd Howland, ha pedido a las autoridades de ese país una pronta y eficaz investigación sobre los asesinatos de dos líderes campesinos que trabajaban con las víctimas del conflicto armado en los departamentos de Córdoba y Cauca, en el norte y en el sur de Colombia, respectivamente.

“Nos preocupan mucho los asesinatos del líder de víctimas de Córdoba, Ermes Enrique Vidal Osorio, y del líder campesino del Cauca, Gustavo Adolfo Pizo”, señala Howland en un comunicado.

Ermes Enrique Vidal Osorio desapareció el 21 de marzo y fue encontrado sin vida cuatro días después a orillas del río Sinú, en la misma región. Tenía 60 años y había sido desplazado forzosamente de su finca, a la que retornó hace poco, y donde fue amenazado por intentar recuperarla. Allí formaba parte de la Mesa Municipal de Víctimas de Valencia, otra localidad de Córdoba, y representaba a la población desplazada de San Rafael del Pirú.

Según el representante de la ONU, Vidal es la tercera persona de su familia asesinada por defender sus derechos como víctimas. Fuentes de la Oficina de Restitución de Tierras de Córdoba aseguraron que Vidal no había iniciado un proceso de restitución de las tierras que le fueron robadas, pero era reconocido como un líder por los desplazados de la zona, epicentro de la llamada Casa Castaño, cabeza del paramilitarismo colombiano.

El otro asesinado, Gustavo Adolfo Pizo, de 31 años, era presidente de una asociación de campesinos de Totoró, una población de Cauca, y además secretario del Sindicato de Pequeños Agricultores de ese departamento. Pertenecía al movimiento político y social Marcha Patriótica, que ha sido señalado como uno de los espacios donde podría aterrizar la guerrilla de las FARC para participar en política si llegan a firmar la paz con el gobierno de Juan Manuel Santos.

Pizo, que fue asesinado en plena calle cuando caminaba con su hermano, estaba al frente del tema de reservas campesinas en la zona oriental del Cauca, un asunto que recientemente ha generado debate en las negociaciones de paz que se realizan en Cuba, luego de que las FARC propusieran destinar nueve millones de hectáreas para este propósito.

La Oficina de la ONU ha reiterado en este comunicado “su preocupación por que en las zonas rurales del país, los activistas y defensores de derechos humanos están desprotegidos”. También denunció que el año pasado el 97% de los defensores de derechos humanos asesinados en Colombia pertenecían a zonas rurales.

A esas dos muertes se suma en estos días la del líder de derechos humanos José Alonso Lozano, que luego de permanecer dos días desaparecido fue encontrado el martes pasado sin vida cerca de Mapiripán, un municipio del Meta, en el sur de Colombia.

Lozano, que había recibido amenazas, era presidente de una asociación campesina de la región del río Guaviare, en cuya margen fue encontrado su cuerpo. También era miembro activo de la Fundación para la Defensa de los Derechos Humanos del Oriente Colombiano, DHOC, e integrante de la Marcha Patriótica, que denunció su muerte.

Precisamente, Lozano era el coordinador de la movilización y la participación de los habitantes de esa región para la marcha por la paz que viene preparando la Marcha Patriótica en Bogotá para el próximo 9 de abril. Esta iniciativa busca respaldar las negociaciones entre el gobierno colombiano y las FARC.

La seguridad para campesinos y activistas que reclaman el derecho a la tierra es hoy un grave problema que afronta el gobierno de Santos desde que se puso en marcha la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Según cifras de la ONU, entre enero y septiembre de 2012 fueron asesinados 37 defensores de derechos humanos.