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 La Comisión Europea (CE) advirtió que el Mercosur sigue manteniendo importantes barreras al comercio y que Argentina y Brasil, en particular, han incrementado las medidas restrictivas a las importaciones. La Comisión publicó su informe anual sobre las trabas al comercio que encuentra en su relación con sus principales socios en ese ámbito, y entre los que también figuran Estados Unidos, China, Japón, India y Rusia, de cara a presentarlo a los líderes comunitarios en la cumbre que celebran hoy en Bruselas.

En el caso de Argentina, la CE señaló que van en aumento las medidas encaminadas a restringir la entrada de bienes y servicios en el marco de una política de "reindustrialización" y "sustitución" de las importaciones.

En octubre, la UE decidió llevar a Argentina ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) por, entre otros motivos, las licencias previas que Buenos Aires solicitaba a las importaciones, y aunque estos permisos "no automáticos" fueron retirados en enero, Bruselas considera que siguen en vigor otras medidas que dificultan el comercio.

La UE también considera que Argentina aplica cada vez más restricciones a la transferencia de divisas, dividendos y derechos que realizan las empresas extranjeras; obliga a los importadores a respetar exigencias de "equilibrio" de las importaciones, y mantiene las trabas en el sector de los seguros.

"En Argentina, el Gobierno ha buscado de forma activa en los últimos años que ciertos sectores e industrias incrementen los contenidos locales en su proceso de producción", subraya el estudio. En concreto, se refirió a sectores como la minería, el automóvil, el calzado, la agricultura, la maquinaria, la construcción, los medicamentos, los químicos o los textiles, y a servicios como la banca, los seguros o los medios de comunicación.

"La política de reindustrialización y de sustitución de importaciones aplicada por Argentina continúa y perjudica las importaciones", afirma el texto. "En Argentina, es inquietante constatar que el gobierno ha intervenido activamente en los últimos años para que ciertas industrias y sectores de actividad aumenten el contenido local en su proceso de producción", explica el informe. En ese sentido, señala a sectores como la minería, la fabricación de automóviles, el calzado, la agricultura, los medicamentos, productos químicos y textiles, e incluso los servicios bancarios, los seguros y los medios de comunicación.

El texto se refiere también a la decisión del gobierno de Cristina de Kirchner de expropiar en 2012 el 51 por ciento de YPF en manos de la petrolera española Repsol. "Esta medida puede ser discriminatoria, en la medida en que sólo se ha expropiado la participación en YPF de un solo accionista, y no las otras", apunta el informe 2013 sobre obstáculos al comercio y la inversión. Además, advierte que aún no se le ha pagado una retribución a Repsol.

Lamenta también que la obligación de pedir una autorización de importación haya sido extendida el año pasado al sector de servicios, y afirma que "estas medidas son incompatibles con la prohibición de instaurar restricciones cuantitativas y la obligación de no discriminación previstos por el GATT de 1994". De este modo, le recuerda al Gobierno haber firmado su compromiso a no aplicarlas.

El texto destaca asimismo que "Argentina ha mantenido igualmente las restricciones en el sector de los servicios de reaseguro", con una decisión adoptada en 2011, que da lugar a una "nueva reglamentación (que) restringe el acceso al mercado".

El informe también se queja de las políticas implementadas en Brasil por la gestión de Dilma Rousseff. El documento destaca que aplica controles aduaneros "más estrictos" a las importaciones de textiles y ropa desde el último trimestre de 2011, de forma que los bienes deben ser inspeccionados y se pueden tomar muestras para su análisis en laboratorio.

Además, el acceso a los mercados públicos brasileños "no ha registrado progresos en 2012", desde que Brasil introdujo un margen de preferencias horizontales del 25 % en la ley nacional sobre las licitaciones públicas, que afectó principalmente al sector tecnológico y de la información y comunicaciones.

También señala que los fabricantes locales de automóviles y camiones se benefician de reducciones de las tasas a los productos industriales si cumplen ciertas condiciones, algo que la UE considera discriminatorio.

El informe deja claro que a los "problemas" detectados en la fiscalidad interna, se suma la decisión del Mercosur de aumentar los derechos de aduana aplicados a 100 líneas tarifarias, una medida que, aunque no es contraria a la OMC, "no es conforme al compromiso político del G20" de rechazar el proteccionismo.

Por lo que respecta a las barreras argentinas y brasileñas en el transporte marítimo y a las exportaciones de materias primas, el informe recordó que deben abordarse en la negociación del acuerdo de asociación entre la UE y el Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Venezuela, el cual participa todavía como observador en las conversaciones con la Unión). En cambio, esas negociaciones apenas registran avances en el plano comercial desde que se reanudaron en 2010 tras una suspensión de seis años.

El estudio también denunció la persistencia de barreras a la inversión y más restricciones en algunos sectores industriales en China; medidas reguladoras "injustificadas" que mantienen "cerrado" el mercado agroalimentario en India, así como su "actitud proteccionista" hacia productos electrónicos y de energías verdes, o tasas "discriminatorias" de Rusia a los vehículos importados.

En los casos de Estados Unidos y Japón -con los que va a iniciar la negociación de sendos tratados de libre comercio-, la CE celebró los avances registrados en la eliminación de trabas comerciales.

La Comisión Europea publicó su informe, el tercero dedicado a las "medidas proteccionistas" de sus socios estratégicos (China, India, Japón, Rusia, Estados Unidos, Brasil y Argentina), en un momento en que la Eurozona busca estimular su comercio exterior para salir de la recesión y combatir el desempleo, que viene batiendo niveles récord en estos últimos meses. En su informe, la Comisión destacó que los problemas identificados seguirán siendo prioritarios en su política comercial, que abordará al más alto nivel.