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Un sargento que presta sus servicios en el destacamento policial de Grandoli y Güiraldes, en la zona sur, denunció ante la Justicia una serie de irregularidades en el control que realiza el personal de esa repartición sobre las personas que gozan del beneficio de la prisión domiciliaria. Según la presentación que el hombre realizó en la División Judiciales de la Unidad Regional II, el personal del destacamento debe encargarse de controlar a una docena de personas privadas de su libertad en sus casas, pero en al menos ocho de esos casos habría irregularidades. Legalmente, todos los días debe controlarse que estas 12 personas se encuentren en sus domicilios y firmen una planilla de detención. Sin embargo, según notó el empleado, algunos de los detenidos no firmaban las actas desde hacía varias semanas y otros habían dejado sus rúbricas por adelantado. En este sentido, el denunciante indicó que desde el destacamento se les cobra a estos detenidos para que pasen a firmar por la repartición de tanto en tanto. El titular del Juzgado de Instrucción de la 15ª Nominación ordenó el secuestro de las carpetas de los detenidos y de los libros de guardia del destacamento.

La prisión domiciliaria es un beneficio al que acceden algunas personas detenidas, el cual permite que el arrestado, en vez de en una cárcel, cumpla el encierro en su propia casa. Para que este mecanismo funcione, personal policial –por orden del Juzgado de Ejecución Penal– debe asegurarse de que los beneficiarios se encuentren en el domicilio que fijaron para cumplir con sus detenciones, por lo que debe realizarse un control persona por persona, vivienda por vivienda. Si el detenido quebrantara este beneficio, podría perderlo automáticamente.

El destacamento 24 está ubicado en la zona sur, y es conocido popularmente como el destacamento “del Tanque”, en referencia a la construcción que se levanta en Grandoli y Güiraldes. Como todos los destacamentos de la URII, funciona bajo la órbita de una comisaría, en este caso, de la seccional 16ª. Su jefe es Gustavo Randizzi.

Según fuentes de la investigación, el viernes pasado un efectivo policial que ostenta el cargo de sargento ayudante y cumple sus funciones en ese destacamento, se comunicó con la División Judiciales y denunció una serie de irregularidades en el control de los detenidos con prisión domiciliaria.

De acuerdo con la causa, ese día el uniformado quedó a cargo del control de la docena de carpetas de las personas que cumplen arrestos en sus casas y notó que en al menos ocho de esos casos los controles no se estaban realizando como es debido. Según detalló una fuente cercana a la pesquisa, en algunos casos en las actas –que deben ser firmadas por los detenidos diariamente– las rúbricas faltaban desde hacía unas semanas. En otros, los detenidos habían firmado las actas por adelantado.

Fue en este marco que el uniformado denunciante fue trasladado a la Jefatura de la URII –adonde funciona la División Judiciales– para dejar asentados sus dichos en una declaración informativa que luego fue elevada al juez Alejandro Negroni, titular del Juzgado de Instrucción de la 15ª Nominación, en turno durante la feria. Fuentes judiciales señalaron que el magistrado ordenó el secuestro de los libros de guardia y las carpetas de los detenidos con prisión domiciliaria.

Presuntas coimas

Sin embargo, este no es todo el contenido de la denuncia del sargento ayudante. Es que el hombre también hizo constar en su denuncia que en una oportunidad, cuando fue a controlar el arresto de un hombre que se encuentra detenido en su casa, un familiar del detenido le comentó que desde el destacamento solían pedirles la suma de 2 mil pesos semanales para adelantar las firmas. Esto implica que durante una semana, el preso no debe estar en la casa para los controles, por lo que puede disponer de su tiempo y su libertad a su antojo.

Vecinos del barrio donde está ubicado el destacamento también hicieron referencia a esta situación, que consideran moneda corriente. “Acá en el destacamento no hay mucho personal, así que cuando tienen que mandar personal a algún lado dejan todo cerrado con llave. Pasó varias veces que yo estaba barriendo la vereda y venían personas a preguntarme si sabía por qué estaba el destacamento cerrado si ellos habían pagado para firmar por el arresto domiciliario. Además es toda gente de la zona. Los conocemos todos y sabemos que están presos, pero andan dando vueltas”, dijo una vecina a El Ciudadano.