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 Un ex funcionario echado por presunta corrupción consiguió trabajo. El problema es que no lo encontró en otra parte, sino que volvió al mismo gobierno que lo había expulsado. Se trata de Benigno Alberto Vélez, el hombre que este año fue eyectado del Banco Central de la República Argentina (BCRA) por impulsar el sospechoso negocio de impresión de billetes en el caso Ciccone.

No es la primera vez que la Casa Rosada busca empleo para un ex integrante desplazado, pero este caso es más controvertido por las tareas que le adjudicaron. Primero fue asignado a Nación Servicios, la empresa estatal que maneja el dinero de la tarjeta SUBE. Y ahora ocupa una oficina en la Sindicatura General de la Nación (Sigen), el organismo de control que debe detectar –precisamente– episodios de corrupción.

La Sigen es dirigida por Daniel Reposo, el frustrado candidato a procurador general de la Nación, que responde al vicepresidente Amado Boudou, principal involucrado en el affaire Ciccone. Benigno Vélez tiene 49 años, es licenciado en Economía y un amigo histórico del vice, a quien llevó a trabajar a la Anses, lugar que lo catapultó a la política grande. Ese enorme favor después le fue retribuido: lo designaron secretario de Legal y Técnica del Ministerio de Economía, y en febrero de 2010 Amado lo recomendó como gerente general del BCRA.

Allí se mantuvo firme hasta febrero de este año, cuando los medios revelaron los detalles del negocio que el ex ministro había facilitado a la imprenta Ciccone. Benigno habría cumplido un papel fundamental porque era el encargado de autorizar todos los asuntos relacionados con la emisión de moneda. El viernes 17 de febrero, a pocos días del estallido del caso, presentó su renuncia.

En aquel momento, el Banco Central intentó disimular su desplazamiento a través de un comunicado en el que aseguraba que “renunció a su cargo porque será designado en el ámbito de otra jurisdicción del Gobierno nacional”.

Su primer destino fue Nación Servicios Sociedad Anónima, una de las compañías que forman parte del Grupo Banco Nación. Esta empresa está dirigida por José de Dios, un ex vocal del cuestionado Tribunal de Cuentas santacruceño, que se encarga de prestar “soluciones tecnológicas y comerciales”.

Sin embargo, su función principal es el “clearing” bancario de la tarjeta SUBE; es decir, maneja los fondos millonarios del transporte público. Vélez se desempeñó en esa firma desde febrero hasta junio.

Luego tuvo una ocupación más controvertida: desde noviembre pasado trabaja para la Sigen, el organismo de control más importante del Poder Ejecutivo donde se vigilan las cuentas de Estado, se hacen auditorías de gestión y hasta se dictan normas para controles internos.

Según pudo averiguar PERFIL, el ex funcionario concurre todos los días a la sede central de la Sindicatura, ubicada en avenida Corrientes 389. Allí tiene un despacho propio en el tercer piso y colabora en asuntos muy sensibles, sobre todo aquellos vinculados a los presupuestos.

“Es cierto que estoy trabajando en la Sigen”, confirmó un sorprendido Vélez a PERFIL desde su teléfono interno de la entidad. “Pero no me dieron un cargo gerencial o ejecutivo; solamente ayudo con algunos temas”, se atajó con amabilidad.

El caso Ciccone no es el único escándalo de corrupción en el que está involucrado. Cuando era secretario de Legal y Técnica de Amado Boudou, autorizó la compra de 19 automóviles importados –sin licitación– para el Ministerio de Economía. Uno de esos autos fue a parar a otra entidad y solamente fue devuelto después, a pedido de la Justicia Federal. Ese organismo era la Sigen.



Otra oportunidad K

Existen otros casos donde el kichnerismo le consigue empleo a un ex funcionario echado por sospechas de corrupción. Uno de los primeros fue el de la ex ministra de Economía, Felisa Miceli, desplazada de su cargo a mediados del año 2007, cuando se le encontró la famosa bolsa con dinero en el baño de su despacho. Poco después de su forzada renuncia, la Casa Rosada le encomendó trabajar en la Fundación Madres de Plaza de Mayo, para “ordenar las cuentas” de los millonarios fondos públicos que les otorgaban para viviendas sociales.

Otro personaje que volvió a encontrar un lugar es el ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, que debió renunciar a principios del año 2009 por las múltiples denuncias de corrupción.
Desde ese momento comenzó a trabajar activamente en el armado político del justicialismo cordobés.