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El fiscal general ante la Cámara Federal Germán Moldes pidió hoy agravar la imputación contra los ex secretarios de transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi al solicitar que sean procesados como partícipes de una asociación ilícita, y también revocar el sobreseimiento del maquinista Antonio Córdoba, en el marco de la investigación por la tragedia de Once en el que murieron 51 personas en febrero del año pasado.

Así lo hizo mediante un escrito al que tuvo acceso Noticias Argentinas y que el fiscal presentó ante la Sala II de la Cámara, la cual debe resolver el fallo de primera instancia dictado por el juez federal Claudio Bonadío.

Moldes también pidió procesar a Jaime y Schiavi por el delito de malversación de caudales públicos y confirmar el de abuso de autoridad.

En su escrito, el fiscal subrayó que "no se advierte cómo el grupo comandado por Sergio Cirigliano haya podido proceder al desmantelamiento de las líneas adjudicadas a TBA S.A sin al intervención o aquiescencia en el mismo accionar de los que revistieran los cargos de funcionarios públicos encargados de controlar el desenvolvimiento de la concesión y la prestación del servicio público".

Además, Moldes pidió procesar por los mismos delitos al ex subsecretario de transporte ferroviario Antonio Guillermo Luna y al ex titular de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte Pedro Ochoa Romero.

Según sostuvo Moldes, "la entidad de las maniobras puestas al descubierto impide comprender la acción de los integrantes de TBA S.A sin la intervención directa de los funcionarios".

"Mientras de la CNRT no se efectuaban las inspecciones y/o controles o se los hacía deficientemente, desde la Secretaría de Transporte no se cumplía con las obligaciones propias que les imponían los reglamentos a los respectivos cargos", detalló.

Ello –remarcó el fiscal- "les permitía a los empresarios la seguridad necesaria para manejarse con la libertad suficiente en el desvío de fondos y en el desmantelamiento del sistema ferroviaria que culminara con el trágico acontecimiento". "El Estado brindó un paraguas de protección a través de esos hechos" y por ello "deben responder penalmente".

Por otra parte, pidió revocar el sobreseimiento del otro ex titular de la CNRT Antonio Sícaro por considerarlo "prematuro" y ante la permanencia del "estado crítico" de los trenes de la línea Sarmiento.

También pidió revocar la falta de mérito de Antonio Cirigliano: "En su calidad de asesor administrativo financiero del gerente de administración y finanzas de TBA S.A no podía desconocer el modo en que la empresa operaba. Su función específica así lo indica", agregó.

En cuanto al maquinista Marcos Antonio Córdoba, el fiscal Moldes le endilgó "el descarrilamiento en calidad de autor" puesto que al momento "de tomar los comandos de la máquina advirtió que la misma tenía problemas, precisamente vinculado con el frenado". "Córdoba antes de llegar a la estación Once sabía que comandaba una formación defectuosa y no paró el servicio", agregó.

Además, remarcó que al momento del hecho la formación circulaba "con el seguro denominado hombre muerto desactivado", y también tuvo en cuenta que Córdoba asumió la conducción de una formación cuyo velocímetro no funcionaba.

Ante la Sala II las querellas, entre ellos Paolo Menghini Rey, el padre de Lucas la víctima número 51, también reclamó penas para los funcionarios y los hermanos Cirigliano, quienes tenían a su cargo la concesión de TBA hasta que la misma les fue quitada por decisión del Gobierno nacional tras el incidente.

En tanto, los defensores postularon la revocatoria de los procesamientos, algunos por escrito y otros en forma oral, y ahora la Sala II debe resolver si confirma o revoca el fallo dictado por Bonadío.

Según informaron distintas fuentes a NA, el fallo de Cámara podría darse a conocer en febrero próximo, y la prontitud en una definición obedecería a tener una definición antes de cumplirse el primer aniversario de la tragedia.