La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) ha condenado este jueves a Costa Rica por prohibir la fecundación “in vitro” y ha ordenado eliminar las restricciones legales para que este país deje de ser el único de América que prohibía los mecanismos asistidos de fertilización.
“Es una decisión histórica”, dijo el costarricense Miguel Yamuni, integrante del grupo de familias que hace más de una década demandó al Estado de Costa Rica por una resolución de la Sala Constitucional que en 2000 prohibió la fecundación. “Es histórica, porque éramos el único país de América que había tenido la osadía de prohibir esta técnica médica”, declaró Yamuni a El PAÍS.
“Es un fallo histórico en el sentido de que el mensaje para el Estado costarricense es que, en materia de derechos humanos, ni la Sala Constitucional ni la Asamblea Legislativa (Congreso) tienen la última palabra”, agregó.
El ministro de Comunicación de Costa Rica, Francisco Chacón, anunció que el Gobierno de la presidenta costarricense, Laura Chinchilla, acatará el veredicto de la Corte, que este jueves al final de la tarde, y tras una tensa espera, fue notificado a los demandantes y al Estado. Chacón recordó que la sentencia es de acatamiento obligatorio e inapelable y explicó que el gobierno definirá los pasos que deberá adoptar, ya que el fallo estableció que el Estado debe ofrecer la técnica “in vitro” en sus instituciones de salud y seguridad social.
Una resolución de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de este país emitió en 2000 prohibió la fecundación “in vitro”, al considerar que violenta los derechos básicos de los no nacidos.
Entre otros argumentos, fuerzas opositoras al levantamiento de la prohibición alegaron que el proceso “in vitro” atenta contra la vida humana y los derechos de los no nacidos, ya que en el proceso se pierden gran cantidad de óvulos fecundados.
El denominado caso "Artavia Murillo y otros contra Costa Rica" fue planteado por varias familias costarricenses en la Corte, en una vía final para derribar un dogma sostenido por presión de sectores religiosas católicos, influyentes generadores de opinión en medios de prensa y algunas facciones políticas, entre otros grupos.
Yamuni explicó que “lo que ahora sigue es procurar que el Estado sea lo suficientemente responsable y, a la hora de aceptar el fallo, realmente se mueva rápido para evitar seguir haciéndole daño a las personas que hoy necesitan de la técnica de fertilización ‘in vitro’, para que se legisle y se permita esto lo antes posible. Y como buenos perdedores, se den cuenta de que no tenían la razón y rectifiquen el error lo más rápido que puedan”.
El conflicto recrudeció en 2010, cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, recomendó al Estado costarricense que modificara su legislación en la materia.
No obstante, luego de múltiples e infructuosas gestiones parlamentarias, Chinchilla desistió de esa vía y prácticamente abrió el camino para que la Comisión y los demandantes costarricenses acudieran a la Corte. Ante el incumplimiento de Costa Rica, la Comisión elevó el caso a inicios de 2011 a la Corte, una instancia de la Organización de Estados Americanos (OEA) con sede en esta capital y que es el máximo tribunal de justicia continental.
La Defensoría de los Habitantes de Costa Rica, que aportó una serie de alegatos en el proceso, recalcó la ley vigente discrimina a las mujeres, violenta sus derechos a la igualdad y no discriminación y perjudica la salud reproductiva y el progreso científico. Las nuevas técnicas científicas permiten fecundar solo uno o dos óvulos y colocarlos en el vientre, adujo la Defensoría.
La prohibición de la técnica “in vitro” manchó, según la Defensoría, el historial de Costa Rica en derechos humanos, por impedir que ciudadanos estériles y sin otras fórmulas asistidas para procrear, recurran en este país a la fertilización como alternativa para tener hijos.
El conflicto parecía una paradoja en una nación que, sin Ejército desde 1948 ni pena de muerte desde 1871, ha acumulado prestigio como democracia porque, además, carece de presidio político, es sede de la Corte, establecida en esta ciudad en 1979, y albergó en 1969 los debates continentales para crear un pacto americano de derechos humanos.
En este escenario, el Gobierno de Costa Rica aceptó enviar a la Asamblea un proyecto para legalizar las uniones homosexuales, en un asunto que vislumbra un fuerte rechazo de sectores católicos.
Habitualmente descartadas tras el uso, pueden convertirse en aliadas inesperadas del reciclaje doméstico