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El Gobierno dispuso ayer por decreto estatizar el predio ferial de Palermo que la gestión del ex presidente Carlos Menem había vendido en 1991 a la Sociedad Rural en u$s 30 millones, por considerar que fue ocupado de manera “irregular” y adquirido a “precio vil”, según anunció el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina. El decreto 2552, firmado por la presidenta Cristina Fernández, también establece que desde hoy la Agencia de Administración de Bienes del Estado, en su carácter de autoridad de aplicación, efectuará
“todos los actos conducentes a la toma de posesión” del predio ferial y fija que la Sindicatura General de la Nación determinará las compensaciones que puedan resultar de la revocación de la venta del inmueble a la Sociedad Rural.

Abal Medina justificó la decisión presidencial de anular la venta del inmueble (dispuesta por el decreto 2699/91 firmado por Menen) en que se trató de una operación realizada “a precio vil, por la mitad del valor de la tasación” y que se efectuó “en forma directa, sin remate ni licitación previa”. “Fue un hecho de sustracción al patrimonio nacional”, acusó el funcionario.

La estatización decretada por el Ejecutivo le quita la propiedad del predio ferial a la Sociedad Rural, pero no hace referencias ni da pistas sobre el futuro de la concesión comercial del inmueble, que hasta agosto pasado estaba en manos del Grupo de Narváez (GdN).

Actualmente la explotación del predio es compartida por el Fénix Group, propiedad de los empresarios Marcelo Fígoli y Diego Finkelstein, que compró en agosto el paquete accionario del GdN, y el grupo IRSA, que se sumó como socio en noviembre, luego de adquirir 25% de dicha sociedad en $ 32 millones.

Tras el anuncio del jefe de Gabinete, la Sociedad Rural repudió duramente la medida al advertir que constituye “un claro ataque a la propiedad privada” y la enmarcó en un “sistemático ataque a la institución, al sector productivo y al campo en general”. A través de un comunicado, la entidad que preside Luis Etchevehere remarcó que la medida se concreta en momentos en que en el país “se intenta acallar aquellas voces que piensan diferente” y anunció que irá a la Justicia para frenar la estatización del predio. “El decreto 2552/2012 constituye una aberración jurídica que deberá ser dirimida en los tribunales de la Nación”, añadió la SRA.

En tanto, fuentes cercanas a los concesionarios del predio indicaron que en decreto no hace ninguna referencia al futuro del management, aunque pidieron esperar para conocer la forma en que el Gobierno pondrá en marcha la estatización del inmueble. “Hay que ver cómo se implementa y si perjudica o no la explotación”, subrayaron los voceros, que admitieron haber recibido con sorpresa la decisión del Gobierno.

La venta del predio ferial a la Sociedad Rural se realizó en forma directa en u$s 30 millones, una cifra que según calcularon peritos técnicos del Banco Ciudad y del Banco Hipotecario a pedido de la Justicia representó la mitad de su valor real. Frente a ello, en 2010 el juez federal Sergio Torres procesó al ex ministro de Economía Domingo Cavallo y otros funcionados de la administración menemista por el delito de “peculado”, en tanto que dictó la falta de mérito del ex presidente en la causa.

Al oficializar el decreto, Abal Medina remarcó que la medida del Ejecutivo apunta a “poner fin a una situación irregular de ocupación del predio por parte de la Sociedad Rural” y destacó que, al “precio vil” pagado por el inmueble, “se suma el gravísimo hecho de que la SRA dejó de pagar los compromisos contraídos por aquel acto” y que esa deuda asciende a $ 157 millones.