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El traspaso del subterráneo de la Nación a la Ciudad fue convertido en ley esta madrugada, luego de más de 14 horas de debate, interrumpido en tres ocasiones. El PRO consiguió 46 votos positivos para aprobar la norma, lo que concretó pasadas a las 3 de hoy, con lo cual a partir del 1 de enero el gobierno de Mauricio Macri tendrá a cargo las seis líneas del subte y el premetro.

Finalmente, el impuesto a las naftas para financiar el proyecto no prosperó, pero sí se acordó subir las alícuotas del impuesto a los sellos, peajes, patentes y obligan a gremios a anunciar sus paros 48 horas antes.

Así, el subte pasará a manos del Estado porteño y concluirá el conflicto desatado entre la Ciudad y la Nación que comenzó en enero cuando el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, firmó un acta-acuerdo para aceptar la transferencia, ejecutó un aumento en la tarifa del pasaje y posteriormente dio marcha atrás con su postura y declinó de hacerse cargo del servicio.

La ley -que debe entrar en vigencia desde el 1 de enero- poco se parece al texto que envió a la Legislatura Macri y los cambios aplicados fueron consecuencia del seguimiento y la presión que tanto la oposición como los metrodelegados ejercieron sobre el debate que se dio en las comisiones de la Legislatura en las últimas semanas.

De esa manera, lograron frenar puntos cuestionables de la propuesta macrista como la cláusula que proponía la declaración “de servicio público esencial” al subte, que restringía la posibilidad de los trabajadores a cumplir una huelga y penalizaba ‘la interferencia‘ de la circulación de las formaciones.

Asimismo, también fue descartado el artículo que obligaba a los trabajadores del subte a brindar en un 60% el servicio cuando esté en curso un “conflicto colectivo de trabajo que derive en huelga del personal”.

No obstante, se mantuvo la exigencia de una comunicación hacia el concesionario por parte de los trabajadores “con dos días de anticipación” de las medidas de protesta a adoptar.

También, la oposición logró que el PRO reduzca de cinco a dos años el tiempo establecido para que el subte se mantenga en ‘emergencia‘.

Esta definición permite al jefe de Gobierno local realizar diversas acciones -como llamado a licitaciones o arreglos en la red de transporte- sin necesidad de que ello cuente con la aprobación de la Legislatura.

Otro de los ítems que el macrismo retiró fue el aumento impulsado a las naftas como unas de las fuentes para financiar la operatividad del servicio.

Sin embargo, los legisladores acordaron la creación de un ‘Fondo Subte‘ para el financiamiento de la red de subtes que sea costeado por la suba de un 10% peajes de las autopistas porteñas y de hasta un 5% al pago de patentes a dueños de autos de alta gama.