Un resquicio de autonomía se abrió ayer al entrar en vigor un decreto ley que ampliará de forma gradual el cooperativismo en Cuba. En una etapa preliminar se prevé que éste contribuya a la creación de más de 200 asociaciones de ese tipo en todo el país. Desde la pasada sesión de la Asamblea Nacional, en julio de este año, se aguardaba la entrada en vigor de una medida que se espera dinamice la deteriorada economía de la Isla. Hasta ahora esta forma de gestión sólo estaba permitida en el sector agropecuario. Pero desde hoy incluirá también los sectores gastronómico, de transporte, servicios personales y domésticos, la recuperación de materias primas y los servicios de la construcción, entre otros.
Esta medida se inscribe en un plan de flexibilizaciones y ajustes económicos aprobados por el Sexto Congreso del Partido Comunista de Cuba en 2011. Según la propaganda oficial se trata de un proceso de “actualización del actual modelo” y no de un desmontaje del mismo. No obstante, algunos sectores críticos habían abogado por menos estatización y mayor cooperativismo, como una alternativa a la privatización.
La edición del periódico oficialista Granma de ayer precisó que se trata de un decreto ley que establece la “constitución experimental” de estas asociaciones. A la par que anunciaba que el arrendamiento de los locales estatales se hará de manera preferente a aquellos que trabajen actualmente en ellos. Claro está, cuando estos “voluntariamente determinen conformar una cooperativa”. Para constituirlas los interesados tendrán que presentar una solicitud a los órganos municipales del Poder Popular y estos la someterán a varias comisiones.
En un primer momento se autorizarán las asociaciones “de primer grado” que incluirán al menos a tres empleados. Se prevé también permitir las de “segundo grado” formadas por dos o más cooperativas, aunque todavía no comenzarán a ponerse en marcha. Una Asamblea General, donde cada socio tendrá un voto, dirigirá cada agrupación.
El órgano oficial del Partido Comunista aclara que los precios de los productos y servicios que se comercialicen se regirán por la ley de la oferta y la demanda, aunque advierte que habrá algunas excepciones en las que el Estado determinará el precio.
Entre los puntos mejor recibidos del nuevo decreto ley se encuentra el hecho de que estas nuevas entidades contarán con personalidad jurídica. No se subordinarán administrativamente “a ninguna entidad estatal” aunque se deja claro que deberán “ajustarse a las normas generales establecidas por los organismos rectores” de cada actividad. Por ejemplo, en el caso de un grupo de trabajadores que se afilia en una cooperativa de construcción, tendrá que regirse por las normas de calidad del ministerio del ramo.
La medida se vincula a una ley que entra en vigor en enero próximo y que otorga beneficios fiscales para las cooperativas en comparación con otras formas estatales de gestión.
El plan de ajustes económicos impulsado por Raúl Castro acusa todavía grandes carencias. Las quejas del sector por cuenta propia y cooperativo se centran en los deficitarios créditos bancarios y la inexistencia de un mercado mayorista. El Gobierno ha dicho que éste último se aplicará de formal gradual en 2013, pero no ha calmado el recelo.
Jorge Baremberg, referente del Centro Comercial, decidió poner fin a la actividad de uno de los locales más emblemáticos de la ciudad. El cambio en los hábitos de consumo y la falta de relevo generacional fueron los factores determinantes.