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Juan Manuel Santos enfrenta una nueva huelga nacional. Esta vez al presidente colombiano se le juntan los reclamos de los camioneros por los precios de los combustibles, el descontento de sectores cafeteros que ven incumplidas las promesas del Gobierno para aliviar su quiebra y la inconformidad de mineros artesanales por un decreto que autoriza a la fuerza pública a incautar la maquinaria que se utiliza para explotaciones ilícitas.

Todo esto ha provocado que sectores agrícolas y sindicatos llamaran a salir a las principales carreteras del país desde este lunes. También han anunciado que se unirán cacaoteros, paperos y algunos arroceros, maestros y trabajadores de la salud.

El principal sindicato nacional, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) ha asegurado en un comunicado a pocas horas de la protesta que esta huelga es una reacción que “condena la situación en la que el Gobierno de Juan Manuel Santos ha sumido al país como consecuencia de la imposición de sus nefastas, antisindicales y antipopulares políticas”.

Santos ha dicho que no cederá a las presiones y les ha enviado un mensaje a los protestantes asegurando que el Estado no tiene más dinero para dar respuesta a las múltiples exigencias de los sectores asociados a esta huelga.

Paradójicamente, parte de la oposición, tanto de derecha como de izquierda, salió en las últimas horas a apoyar la protesta. Es el casodel Polo Democrático y el uribismo –en cabeza del expresidente Álvaro Uribe–, lo que ha sido calificado por voceros del Gobierno como oportunismo político. Se suman denuncias que indicarían que las FARC estarían obligando, en ciertas zonas, a salir a los campesinos a protestar contra el Ejecutivo.

El último año, el principal talón de Aquiles de Juan Manuel Santos ha sido el de las protestas y bloqueos. Una encuesta realizada por varios medios de comunicación, reveló que el 53% de los colombianos creen que el presidente ha manejado mal los paros y protestas sociales, frente a un 35% que asegura que lo ha hecho bien.

En marzo, miles de pequeños y medianos caficultores bloquearon durante 12 días las principales carreteras de los departamentos donde se concentra el cultivo del café, lo que causó una grave situación de desabastecimiento de combustible y alimentos. En ese momento, Santos no lo tuvo fácil y tras dos intentos de negociación logró que se levantara la protesta tras el compromiso de aumentar los subsidios para ese sector. Sin embargo, los caficultores continúan con sus reclamos.

El mandatario colombiano ha gastado parte de su agenda de la última semana y de su gobernabilidad intentando sin suerte convencer a los protestantes –principalmente a los caficultores de Dignidad Cafetera– de desistir de esta nueva huelga nacional que se anunció hace más de un mes, por lo que desde este lunes festivo se ha vaticinado una parálisis en las principales carreteras nacionales y en ciertos sectores de la economía.

Ante la inminencia de bloqueos, Santos y varios de sus funcionarios se han mostrado duros y han recordado que existen leyes que les permiten a las autoridades capturar y procesar a quienes taponen vías de comunicación. El ministro del Interior, Fernando Carrillo, quien estuvo en las negociaciones previas con la dirección central de la huelga, recordó que aquellos que por medios “ilícitos” obstruyan carreteras, se podrían enfrentar a penas de cárcel de dos a cuatro años.

Este sábado, durante la ceremonia de cambio de la cúpula policial, el presidente colombiano insistió en que si bien respeta el derecho a la protesta social, no cederá ante la violencia. “Salgan a manifestar, pero ¡ojo! No vayan a generar violencia, porque también ahí, tenemos que ser implacables, judicializar a quienes violen las normas, capturarlos y juzgarlos”. Además, Santos ha ordenado que 16.000 policías salgan a controlar las manifestaciones y además eviten los bloqueos en 19 ciudades y por lo menos 16 arterias viales en las que se concentrarán los manifestantes.

Este paro se escenifica dos semanas después de que el Gobierno lograra conjurar –en parte– otra protesta social en el sector de Catatumbo, fronterizo con Venezuela, en donde miles de agricultores y sembradores de hoja de coca taponaron las principales vías de acceso durante 50 días, pidiendo una zona de reserva campesina y mejores condiciones económicas y sociales para esta región. Santos después de numerosos intentos, logró que los protestantes desbloquearan las carreteras pero aún continúan las negociaciones.

Los mineros artesanales también están en su propia negociación con el Gobierno desde hace un mes sin resultados, ya que se han visto afectados por las medidas que Santos ha tomado para frenar que los grupos armados y las bandas criminales se sigan financiando a través de la minería ilegal.

Para terminar de rematar la parálisis que va a vivir el país, los estudiantes asociados al Movimiento Nacional Estudiantil, más conocido como la MANE, anunciaron que saldrán el próximo 28 y 29 de agosto a las calles de las principales ciudades del país para protestar por el incumplimiento en los pactos que dieron por terminada su manifestación en diciembre de 2011.