Amparándose en el decreto 1278/12 que le permite meter mano en todas las empresas estatales, el viceministro de Economía, Axel Kicillof dispuso ayer la intervención de Intercargo, la operadora de las rampas y de los servicios de atención a aeronaves en tierra.
La medida —que implica una suerte de autointervención del Gobierno porque los dueños de Intercargo son los ministerios de Defensa (80%) y Economía (20%)-- se debió a que “se han detectado diversas situaciones societarias que obstaculizan su normal preceder y conllevan peligros serios e inminentes que ponen en riesgo la prestación de los servicios”.
Con esta intervención, Kicillof extendió su poder de decisión al área de Transporte que comanda Aníbal Randazzo donde hasta ahora estaba insertada administrativamente la empresa Intercargo.
Como interventor fue designado el actual vicepresidente de Aerolíneas Argentinas (AA), Juan De Dios Cincunegui, quien tendrá 90 días de plazo para auditar las cuentas y proponer o tra conformación societaria con un nuevo plan de negocios e inversiones.
El desembarco de Cincunegui no resulta casual. En el ámbito aerocomercial, ya dan casi como un hecho que Intercargo será absorbida por Aerohandling , la empresa de logística aeroportuaria de AA. Con esta jugada, la compañía controlada por el camporista Mariano Recalde se quedaría con la prestación monopólica de los servicios de rampas y asistencia a los aviones en todos los aeropuertos del país.
Con esta intervención, la administración kirchnerista volvió a mostrar su impericia para gestionar una empresa pública. Intercargo desde su creación en los 90 hasta 2010 siempre generó ganancias.
Pero, una desacertada gestión operativa y el ingreso de 600 agentes en el último año , la convirtieron en una empresa deficitaria que ahora requiere subsidios del Estado.
Intercargo factura cerca de $ 300 millones anuales y arrastra un déficit operativo mensual de $ 10 millones y una deuda con proveedores de casi $ 100 millones.
Para los funcionarios de La Cámpora que rodean a Kicillof, el descalabro de Intercargo tendría dos responsables . Por un lado, el ex presidente Martín Balbarrey, que llegó en 2009 a la empresa de la mano del operador político, Juan Carlos “Chueco” Mazzón. Y por otro lado, el ex gerente general, Carlos Adamo, que respondía al ex titular de Transporte y ahora procesado por la tragedia de Once, Juan Pablo Schiavi.
A ellos les endilgan haber tomado dos medidas que perjudicaron a la empresa: — El incremento del personal de 1.100 a 1.700 agentes que se produjo en los últimos meses por la efectivización de empleados de limpieza que estaban contratados.
— Las llamativas “bonificaciones” otorgadas a la chilena LAN y a otros aerolíneas a la hora de facturar los servicios aeroportuarios.
A las tarifas reducidas, se sumó otra decisión polémica. Ante la falta de recursos, se cobraron por anticipado varios meses de servicios que ahora Intercargo va a tener que prestar con un agujero en los ingresos que se cubrirá con subsidios del Estado.
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