Cuando restan apenas dos sesiones para la expiración de un período ordinario que estuvo signado por cortocircuitos entre la Casa Gris y una Legislatura cuyas dos Cámaras domina a voluntad el peronismo con una abultada mayoría, se sumó una nueva polémica.
A la saga iniciada a principios de año con la meneada reforma tributaria y cuyo último capítulo se escribió en estas semanas con la controvertida interpelación al ministro de Seguridad, Raúl Lamberto, prevista para el miércoles próximo, ahora los chisporroteos se esparcieron a partir de una iniciativa de los diputados del justicialismo para limitar el nombramiento de ex funcionarios políticos en los estrados judiciales provinciales.
El ministro de Justicia, Juan Lewis, salió ayer con los tapones de punta a contragolpear la movida de los legisladores opositores que tomó estado público luego de que el Ejecutivo enviara los pliegos con los nombramientos de cuatro ex funcionarios de la actual administración —"de tercera línea", aseguró el funcionario— y otros dos provenientes de la pasada Gobernación de Jorge Obeid.
Según comentó Lewis a este diario, la reforma impulsada por el diputado Mario Lacava "pretende modificar las reglas de juego" al determinar que debería transcurrir un plazo mínimo de dos años para que un funcionario que desempeñó tareas ejecutivas pueda ser propuesto por el Ejecutivo para su nombramiento en la Justicia. "A nosotros nos parece que se ha generado en la Legislatura un clima bastante extraño, de caza de brujas nuevamente", disparó ayer Lewis.
El ministro de Justicia se remontó a otro de los contrapuntos entre ambos poderes del Estado producido a mediados de año. Fue cuando la mayoría justicialista rechazó el pliego de Enrique Font, ex secretario de Seguridad Comunitaria del ex gobernador Binner, propuesto por el Ejecutivo como auditor del sistema de fiscalías de la provincia. El criminólogo había obtenido esa postulación por concurso pero el peronismo rechazó su pliego en la Asamblea Legislativa con duros cuestionamientos en el debate por su condición de ex funcionario. "A Font se le cuestionó que no tenía experiencia en litigación cuando el mismo Font demostró que no era cierto, pero además estaba en concurso un cargo de análisis no de litigación".
Según consignó Lewis, el Ejecutivo remitió recientemente un paquete de 16 pliegos a la Legislatura, correspondientes a ocho fiscales y ocho defensores y próximamente se enviarán nuevas propuestas para su estudio y eventual aprobación por parte del Legislativo con el fin de cubrir vacantes en la Justicia, fundamentalmente para el funcionamento del nuevo sistema penal instaurado a partir del nuevo Código de Procedimientos. "Contar con todos estos funcionarios es urgente para una más pronta implementación de la reforma procesal penal", subrayó.
El funcionario opinó que en la Legislatura "se ha generado una caza de brujas, tal vez para crear un clima extraño para conocer las cosas bajo sospecha, y eso no le hace nada bien a la calidad de la institución. Incluso, con algunas versiones periodísticas que son falsas, porque se cuestiona la designación de seis personas cuando en realidad sólo cuatro de ellos fueron ex funcionarios y en tres de esos casos se trata de directores, es decir de la tercera línea, y sólo uno secretario. En tanto otros dos eran empleados sin cargo jerárquico, una de ellas asesora, que ingresaron en la administración pública en la gestión de Jorge Obeid", deslindó el titular de la cartera de Justicia.
"Estamos dispuestos a discutir cualquier reglamento o norma que sirva para acentuar al concurso como mecanismo de designación de funcionarios judiciales, no para volver a sistemas con mayor discrecionalidad", admitió Lewis, y completó: "Además, nos parece que no se pueden cambiar las reglas a mitad de camino, como pretende el proyecto del diputado Mario Lacava, sino que las modificaciones deben hacerse de cara al futuro".
Los delincuentes ingresaron durante la madrugada, hicieron un boquete, forzaron una caja fuerte y escaparon con dinero, celulares y el sistema de videovigilancia.