La Auditoría General de la Nación (AGN) publicó un informe en el que confirmó las vinculaciones del juez federal Luis Armella con empresas contratadas para llevar a cabo el Plan Integral de Sanamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo.
Según el informe presentado por la AGN ante la Corte Suprema de Justicia, seis empresas contratadas no sólo guardan vínculos entre sí, sino que algunos de sus socios tienen lazos familiares con el juez Armella, a cargo de ejecutar el fallo que ordenó las tareas de saneamiento.
"Se trata de una situación de mucha gravedad ante la posibilidad de un fraude a los bienes del Estado, a los fondos públicos destinados al programa de saneamiento", señaló a Noticias Argentinas el titular de la AGN, Leandro Despouy, y agregó que la situación de Armella "es complicada y deberá ser examinada por los canales pertinentes", no sólo en el Consejo de la Magistratura, donde ya fue denunciado, sino también por la Corte Suprema.
En el documento se menciona a las empresas San Martín 264 Bernal S.A, Gildin S.A, Tierras Provinciales S.A, Vial Rogo Constructora S.A, Compañía Constructora M&T S.A y Kartonsec S.A, todas ellas vinculadas al matrimonio de Francisco González y Graciela Pizzera y sus cinco hijos, que participan alternadamente las seis sociedades. El dato que sobresale es que la empresa San Martín 264 Bernal S.A es presidida por Francisco Groba, "suegro del juez a cargo del Juzgado Federal de Primera Instancia de Quilmes, Luis Armella".
Además, una de las socias que forman parte de esta empresa es Marina Groba, "hija de Francisco Groba y esposa del juez Luis Armella", según detalla el informe de la AGN, organismo que preside Leandro Despouy. El resto de la sociedad está conformado por "Gabriela Aparicio, integrante del primer directorio de Compañía Constructora M&T S.A; Lorena González, directora de Kartonsec S.A y socia de Vial Rogo Constructora S.A; y Romina González, directora suplente de Kartonsec S.A. y socia de Vial Rogo S.A".
Las empresas "se encuentran vinculadas por la composición de sus órganos de administración y fiscalización; la identidad de sus socios; la coincidencia de sus domicilios; sus integrantes presentan relaciones familiares entre sí y cuatro de ellas fueron instrumentadas por el mismo escribano", indica el informe de la AGN. Señala además que "ACUMAR tenía conocimiento de las contrataciones directas realizadas por AySA con Compañía Constructora M&T S.A.", una empresa que -señaló Despouy- "se creo en 2008 y tenia como capital suscrito 15 mil pesos y capital integrado 3 mil, pero que logró obtener contrataciones del Estado por 130 millones de pesos en obras".
El documento remarca que, en todos los casos, "los requerimientos del juez Armella en los que AySA y CEAMSE fundan la urgencia/emergencia para las contrataciones directas" de las empresas mencionadas para realizar obras del Plan Integral de Saneamiento elaborado por la Autoridad de Cuenca Matanza- Riachuelo. Además, la AGN advirtió irregularidades en la ejecución del plan de saneamiento, al señalar "la falta de criterios objetivos con relación a la inclusión de gastos en el PISA (plan de saneamiento) habiéndose advertido casos donde los mismos se refieren a obras fuera del ámbito territorial de la Cuenca Matanza Riachuelo".
En este sentido, el informe reportó también que la autoridad de la cuenca ACUMAR canalizaba obras a través de las empresas estatales CEAMSE y AySA, que "los plazos contractuales de las obras presentan atrasos significativos" y que "las rendiciones de cuentas no cumplen con los requisitos establecidos por la normativa vigente". Respecto de la responsabilidad de ACUMAR, Despouy sostuvo que "es algo que deberá determinar la Justicia", aunque remarcó que en su presentación ante la Corte el secretario de Ambiente y el titular del organismo, Juan José Mussi, "fue muy impreciso y ambiguo sobre la responsabilidad que le pudieran caber por falta de control de las contrataciones".
"Y el informe muestra que el presidente de ACUMAR tiene facultades de control que vienen de la ley y de los convenios", subrayó Despouy en diálogo con NA. La AGN, además, señaló "inconsistencias en el armado y la documentación de los expedientes verificados" y "faltantes de documentación de respaldo (contratos de obra pública, certificados de obras, entre otros)". La Corte Suprema encomendó a la AGN que verificara los vínculos entre las empresas contratadas y el juez Armella, quien ya fue denunciado al Consejo de la Magistratura por los representantes del Frente para la Victoria Marcelo Fuentes y Carlos Moreno.
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