Serios incidentes se registran durante una marcha de los indignados españoles entre un grupo de éstos que intentó ingresar al Congreso de los Diputados en Madrid y la policía que montó un fuerte dispositivo de seguridad alrededor del edificio.
"Para denunciar una democracia secuestrada, sujeta a los mercados financieros", fue el lema que llevó a un grupo de indignados españoles, intentar poner un pie en el Congreso, donde los diputados estaban reunidos en sesión plenaria, mientras cientos de policías antidisturbios estaban en posición detrás de las barreras levantadas en las calles del centro de Madrid.
"Hoy parecía un día clave para un ataque contra el sistema del Estado y contra los políticos", afirmó José Luis Sánchez, estudiante en ingeniería de 23 años, que se desplazó desde Burgos, en el norte de España, y se encuentraba entre los primeros manifestantes en la Plaza de Neptuno, cerca del Congreso.
A unos cientos de metros, otros están reunidos ante la estación de Atocha, otro punto de concentración, a los gritos de "no nos representan".
El gobierno conservador del Partido Popular, que está imponiendo una cura de austeridad histórica para reducir el déficit público, ha adoptado desde diciembre recortes que han provocado un creciente descontento social.
"Toda una serie de medidas han sido adoptadas con decretos leyes, sin que las puedan estudiar los diputados", denuncia una portavoz de Coordinadora #25S, plataforma encargada de coordinar el movimiento, quien pidió el anonimato. Su consigna: "La democracia está secuestrada. El 25 de septiembre vamos a rescatarla".
Entre los manifestantes se encuentra Carmen Rivera, fotógrafa activista del movimiento de los "indignados" de 40 años. Afirma que la policía ha parado y registrado el autobús en el que viajó durante la noche con una cincuentena de manifestantes desde Granada (sur), a fin de verificar sus identidades.
El malestar se enfoca contra la ayuda a los bancos españoles, que podrán recibir hasta 100.000 millones de euros según un acuerdo alcanzado por Madrid con la zona euro en junio. Y también contra la hipótesis de que el gobierno se vea finalmente forzado a pedir una ayuda financiera global para su economía.
El llamamiento a "rodear" el Congreso circulaba desde hacía varias semanas en Internet. El anuncio de la movilización llevó a las autoridades a advertir en varias ocasiones de que el código penal español prevé penas de cárcel de entre seis meses y un año para los responsables de manifestaciones que "alteren" el funcionamiento de las instituciones parlamentarias.
La portavoz de Coordinadora #25S insistió, antes de la manifestación: "se trata de una acción no violenta. No vamos a impedir el paso de los diputados".
RESCATE ANDALUZ
El gobierno de Andalucía "muy probablemente" pediría al Estado español un rescate financiero por 4906 millones de euros, anunció hoy la responsable de Finanzas de esta región autónoma del sur de España, Carmen Martínez Aguayo.
De esta manera, Andalucía se sumaría a Valencia, Cataluña y Murcia, que ya anunciaron su decisión de acudir al fondo de rescate regional creado el pasado mes de julio por el gobierno de Madrid.
Dicho fondo está dotado con 18.000 millones de euros hasta final de año, pero con la solicitud presentada por Andalucía, los recursos de este fondo quedarían reducidos a unos 4000 millones de euros.
Cataluña solicitó poco más de 5000 millones de euros, la comunidad de Valencia 3000 millones, Murcia 300 millones, y ahora Andalucía, con casi 5.000 millones de euros.
ELECCIONES ANTICIPADAS
El presidente de Cataluña, Artur Mas, convocó hoy a elecciones anticipadas para el 25 de noviembre, consideradas como un referéndum de hecho para una mayor independencia de esa endeudada región del noreste de España. "He decidido convocar elecciones para el domingo 25 de noviembre", declaró Mas ante el Parlamento regional.
La convocatoria de estos comicios, dos años antes del fin de la legislatura, se produce después de que el presidente del Gobierno español, el conservador Mariano Rajoy, rechazara la reivindicación catalana de negociar un pacto de autonomía presupuestaria. El pacto presupuestario "no se ha visto fuera de Cataluña como una solución, sino como un problema", sostuvo Mas.
"Si Cataluña fuese un Estado, estaría entre los cincuenta países más exportadores del mundo", recalcó, absteniéndose de pronunciar la palabra "independencia".
El gobierno central advirtió este martes contra "la tremenda inestabilidad" que provocan las reivindicaciones independentistas en Cataluña. "Creo que este debate, en estos momentos, genera una tremenda inestabilidad", dijo la portavoz del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, exhortando a Mas a reflexionar sobre sus iniciativas.
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