El magistrado recibió un pedido del fiscal Rafael Cotorruelo para que cite a declarar a los sacerdotes, algunos de los cuales eran seminaristas cuando habrían ocurrido los abusos en ese colegio.
El pedido de citación elevado por el fiscal comprende al actual secretario privado del arzobispo local, Mario Gervasoni, quien se formó en el denominado Seminario Menor, y a los ocho curas que en 2010 le pidieron por nota al entonces arzobispo de Paraná Mario Maulión que se abriera una investigación judicial contra Ilarraz.
Estos curas son José Dumoulin, vicario de Nuestra Señora de Luján; los párrocos Leonardo Tovar, de San Benito y José Carlos Wendler, de Luján; Alfredo Nicola, de Oro Verde; Mario Olivera, de Villa Urquiza y Agustín Hertel, de San Francisco de Borja; y el canadiense José María Gauthier, responsable de la Casa Padre Lamy, enrolado en la congregación Servidores de Jesús y de María.
El pedido del fiscal incluye también que se llame a declarar al vicario de Nuestra Señora de la Piedad, Leandro Bonnin, adonde se desempeña actualmente como párroco el cura Luis Alberto Jacob, quien ocupaba el cargo de rector del Seminario entre los años en que ocurrieron los abusos que se le imputan a Ilarraz.
Otros curas que también serán citados son Silvio Fariña, párroco de la Iglesia Catedral, quien en 1995 tomó el testimonio de las víctimas en un sumario eclesiástico que se realizó contra Ilarraz.
Fariña realizó esa tarea junto con el actual vicario general de la diócesis de Concordia, Alfonso Frank, con José Barreto, párroco de Cristo Peregrino, y con Alfonso Dittler, de San José de Hasenkamp, que también serán citados a declarar.
En tanto, el abogado local Marcos Rodríguez Allende, se constituyó esta mañana en querellante de uno de los jóvenes que acusó al cura de abuso y que fue el primero en presentarse a brindar su testimonio, la semana pasada ante el juez Grippo.
En declaraciones formuladas en la puerta de tribunales, Allende aseguró que accionará contra el cura acusado de pedofilia y contra el “pacto de silencio” que montó la Iglesia.
Rodríguez Allende insistió en que debe investigarse "el pacto de silencio" de las autoridades clericales locales.
El abogado recordó que "en septiembre de 2010 ocho sacerdotes presentaron una nota a monseñor (Mario) Maulión en la que instaron al arzobispo a que denuncie los hechos ante la Justicia, eso nunca tuvo contestación”.
La dirigencia accionó legalmente contra el delantero uruguayo tras la rescisión unilateral de su contrato