Si se le pregunta a José María Molero, médico de familia en un centro de salud de Villaverde Alto, al sur de Madrid, por qué se ha declarado objetor ante la retirada de la asistencia sanitaria gratuita a los inmigrantes en situación irregular, su respuesta es de lo más concisa: “Tengo un compromiso con mis pacientes”. Unos pacientes que, en el barrio donde trabaja, igual pueden ser españoles que latinoamericanos o marroquíes. Y de estos últimos, unos pueden tienen permiso de trabajo y residencia, pero otros, que quizá lo consiguieron cuando en Madrid aún se encontraba trabajo, lo han perdido. Molero no entiende cómo una de estas personas puede pedir cita con él el 31 de agosto, pero ya no el 1 de septiembre. “Se trata de un compromiso ético”, insiste.
Muchos otros médicos que trabajan en Madrid han hecho como Molero: se han declarado objetores a dejar de atender a inmigrantes sin papeles. Son 285, según los últimos datos de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (Semfyc), la más representativa en atención primaria. Suponen el 21,9% de los 1.303 facultativos que hasta ahora han rellenado el formulario que la sociedad facilita en su página web a modo de “red de objetores”. El secretario de Semfyc, Salvador Tranche, explica cómo funciona: “Cuando uno se inscribe en la red de objetores, inmediatamente, de forma automática, se comunica al Colegio de Médicos de la provincia y a la Consejería de Salud de la comunidad autónoma, además de a la Organización Médica Colegial (OMC)”.
Los facultativos de Semfyc, con 20.000 asociados en toda España, consideran que la normativa, que entra en vigor el 1 de septiembre y dejará sin tarjeta sanitaria a unas 150.000 personas, según cálculos de este diario, contraviene su código deontológico. Solo podrán acudir a la sanidad en caso de urgencia. Las excepciones son los menores y las mujeres embarazadas. El Ministerio de Sanidad ya ha advertido de que la objeción no tiene sentido. Para la Consejería de Sanidad madrileña, esa postura, simplemente, no cabe. “Atender se atiende a todo el mundo. Otra cosa distinta es si luego eso genera la emisión de una factura o no. No es una cuestión asistencial, no afecta al médico”, asegura el consejero, Javier Fernández-Lasquetty, que la semana pasada añadió otra excepción a la norma: los enfermos crónicos que ya estén en tratamiento. La factura, añadió, iría al país de procedencia o al propio enfermo. El Ministerio ha establecido también de que los excluidos paguen una especie de seguro de 710 euros al año.
Sin embargo, en la práctica esto no está tan claro. A diez días de que entre en vigor la norma, nadie conoce cómo podrán acudir a los centros de salud los inmigrantes en situación irregular que hayan quedado fuera del sistema ordinario y que, por tanto, carezcan de tarjeta sanitaria. “Si un paciente no tiene tarjeta yo no tengo acceso a su historia clínica y tampoco le puedo derivar al especialista o pedir una prueba complementaria”, dice Molero. “Se nos presenta una disyuntiva: cumplir nuestro código ético y deontológico o la normativa legal. Seguiremos atendiendo, pese a que las dificultades de acceso harán que cada vez vengan menos personas en esta situación”, añade.
Teresa García, médica de familia en un centro de salud de Collado Villalba, fue de las primeras en declararse objetora, antes incluso de que Semfyc pusiera en marcha su iniciativa. “La medida afecta a la población más frágil, a la que se le niega un derecho reconocido en los tratados internacionales y la Constitución”, lamenta. No cree que se vaya a ahorrar nada, sino todo lo contrario, y recela de las recientes noticias sobre la atención a los pacientes crónicos, puesto que nadie ha establecido quiénes lo son ni cómo se les va a tratar. “A mis pacientes ya les he dicho que me he declarado objetora y que pueden seguir viniendo a mi consulta”, asegura. “El problema llegará cuando necesiten otra atención posterior”.
El presidente de Semfyc, Josep Basora, cree que el Gobierno central aún puede rectificar antes del 1 de septiembre. “Los que nos oponemos a esta medida hemos manifestado qué problemas de salud pública puede crear y el coste que generará por el colapso en los servicios de urgencia. Son razonamientos técnicos que demuestran que la medida es claramente ineficiente”, señala. “La decisión está más basada en el excel que en la razón”, ironiza. “El hospital es más caro que la atención primaria”, abunda Molero. “Cuando una patología crónica no se controla, el paciente se descompensa y acaba yendo a urgencias. El coste es mayor”, argumenta, y señala las muchas incógnitas aún por resolver a 10 días del cambio: “¿Quién establece si una patología es crónica? En algunas no está tan claro. La obesidad y los problemas que se derivan de ella, ¿serían considerados crónicos?”.
Cinco comunidades —Andalucía, Cataluña, País Vasco, Asturias y Comunidad Valenciana— ya han anunciado su intención de seguir prestando asistencia sanitaria normalizada a los inmigrantes sin papeles. Basora explica que la mayoría de los médicos inscritos en la red de objetores trabajan en las regiones que, como Madrid, han anunciado que acatarán las instrucciones del Gobierno.
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