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En 1994 lo pidió la Unesco en su Declaración de Salamanca. “Las personas con necesidades educativas especiales deben tener acceso a las escuelas ordinarias”. En 2006, lo tomó la Ley Nacional de Educación. “El Ministerio de Educación, en acuerdo con el Consejo Federal, garantizará la integración de los/as alumnos/as con discapacidades en todos los niveles y modalidades”. Hoy, ambas instantáneas no alcanzan para compaginar una película con un final feliz. “Advertimos una gran brecha entre los valores proclamados y la práctica”. El alerta del Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI) resume que, pese a todos los avances normativos de las últimas décadas, las metas de acceso e inclusión en el sistema educativo argentino siguen constituyendo una carrera con demasiados obstáculos.

Cuando el Congreso sancionó la ley 26.206 hace 6 años había 121.858 alumnos en escuelas especiales. Desde 2004 y aún en los años siguientes, el número no dejó de subir y para 2010, los inscriptos ya superaban los 127.500. ¿Fracaso de la ley? ¿Desconfianza en la integración? ¿Preferencia por la experiencia focalizada de la educación diferenciada? Según un informe del INADI “continúan presentes barreras físicas, culturales y actitudinales que impiden la efectiva inclusión de los/as niños/as con discapacidad en las escuelas ‘comunes’ ”. Esas dificultades, motivan el reclamo de padres y tutores “quienes deben atravesar un sinfín de gestiones en el ámbito administrativo e incluso llegar a interponer acciones de amparo para anotar a sus hijos en escuelas comunes”, advierte el organismo oficial. “Así muchos padres terminan por inscribirlos no en el colegio que quieren, sino en el que pueden, lejos de su casa y eso es costoso en materia de integración”, advierte Haydee Muslera, ex directora de Educación Especial de la Ciudad de Buenos Aires. Cupos cubiertos, trabas para incorporar a la maestra integradora y las barreras edilicias son los argumentos más repetidos desde las escuelas, tanto públicas como privadas, que frenan u obstaculizan la integración.

Aún superada la empinada barrera del ingreso, las dificultades para la inclusión se multiplican una vez adentro, en el terreno escolar. La capacitación de los maestros de aula y de las autoridades es una de las materias pendientes. “No sabemos cómo tratarlos” es una frase muy común de escuchar en boca de directivos de escuelas comunes que reciben a chicos especiales. “Debe darse un mayor trabajo en equipo e intercambio entre los dos tipos de docentes”, reconoce Muslera. Por el contrario, Perpetuo Lentijo, presidente de la Asociación de Entidades Educativas Privadas, considera que la integración “es exitosa”, aunque evalúa como “imprescindible un acompañamiento de la educación especial hacia la escuela común, porque esta no está preparada y no cuenta con la metodología apropiada”. Por eso, según el INADI, muchos padres prefieren aún la escuela especial, “por la falta de recursos o porque no hay suficientes profesionales capacitados para abordar la demanda de maestros integradores” en las escuelas comunes. De todos modos, los huecos que aún deja la implementación burocrática de las normativas alimentan tanto la incertidumbre sobre a qué área pertenece el alumno, si a la especial o a la común, como los celos entre los propios docentes.

Según los datos del censo 2010, el 12,9% de la población del país tiene alguna dificultad o limitación permanente desde el aspecto visual, auditivo, sonoro y mental. La cifra incluye tanto a los que poseen certificado de discapacidad, como a los que no lo tienen. Entre los chicos en edad escolar, el porcentaje es superior al 5% y la cantidad de los que padecen problemas cognitivos es sensiblemente superior entre los jóvenes de 5 a 19 años que en el resto de las edades.

Este año, el INDEC realizará la segunda Encuesta Nacional de Discapacidad. Amen de actualizar los datos, Haydeé Muslera no cree que toda la responsabilidad recaiga en el Estado. “Las leyes están, pero se requiere de un cambio cultural que aún debe llegar más a todos los niveles de la sociedad”.