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El fiscal federal Jorge Di Lello pidió al juez Ariel Lijo, a cargo del causa Ciccone, que se amplíe la investigación por supuesto enriquecimiento ilícito del vicepresidente Amado Boudou, a sus padres y su hermano.

El planteo se hizo ante el magistrado, a quien además se le requirió dictar similares medidas a las que ya ordenó sobre Boudou y otros imputados en el caso como el abogado Alejandro Vanderbroele y José María Nuñez Carmona, socio del vicepresidente.

El reclamo del fiscal, que será analizado ahora por el juez, se produjo luego de que el abogado Ricardo Monner Sans pidiera a Lijo que averiguara si Rubén Amado Boudou y Azul Sapin Costa Álvarez, padres del Vicepresidente, son "personas interpuestas" para disimular el enriquecimiento del funcionario, es decir sus testaferros.

El letrado sostuvo que los padres de Boudou tienen domicilio en Puerto Madero, en la calle Juana Manso 1113, y citó los haberes mensuales que perciben cada uno de ellos. En ese sentido, sostuvo que –según datos laborales y constancias de ANSES- los padres de Boudou perciben cada uno 1.732 pesos.

"Sus datos laborales, conforme al anexo F, indican que en algún momento perteneció a la categoría de autónomos. Como se ve, de la documentación adjunta no surge que ninguno de ellos registraran bienes a su nombre. Entonces, ¿de quién es el departamento que han denunciado como casa-habitación en la documentación aportada? ¿Alquilan? ¿Quién es el "locador"? ¿Quién les abonaría un alquiler de envergadura superior a la suma de los dos haberes
jubilatorios?", alertó Monner Sans.

El abogado realizó la denuncia luego de que versiones periodísticas informaran que los padres de Boudou vivían en Puerto Madero, tal cual lo hace el Vicepresidente. Monner Sans recordó que "la figura del enriquecimiento ilícito castiga (2 a 6 años de prisión) no sólo al funcionario público que "mejora inexplicablemente" su patrimonio, sino a la "persona interpuesta para disimular el enriquecimiento".