El representante legal de las familias que usurparon las viviendas del plan habitacional Santa Rita II, Domingo Rondina, en diálogo con LT 10 se refirió a la situación actual, a tres meses de la toma.
“Hay dos causas, una es la penal ya que la provincia denunció a las familias por el delito de usurpación, y la otra es el amparo que introdujeron las familias pidiéndole al gobierno que cumpla con el acta en donde se comprometían a darles lotes y materiales de construcción a quienes no tenían viviendas”, explicó.
Sobre la causa penal, Rondina señaló que “se encuentra en un momento de definiciones, la Cámara tiene que resolver si confirma o no el procesamiento que dictó la jueza y que nosotros apelamos porque entendimos que no hubo delito debido a que había un permiso de la provincia”.
En relación al amparo presentado por las familias que tomaron el complejo, el abogado sostuvo que “la provincia pidió una audiencia al juez en donde se nos propuso un cuarto intermedio para que se pueda negociar por fuera del ámbito judicial entre las familias y el gobierno”.
En ese sentido, detalló que se abrió una mesa de negociaciones “donde participa el ministerio de Desarrollo Social, Justicia y Habitad, y por otro lado las familias”, y consideró que “son difíciles” pero que “están avanzando” para llegar a algunos acuerdos parciales”.
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