El presidente uruguayo, José Mujica, presentó ayer su Estrategia Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, un plan integral que reforzará los controles en sectores de la economía con fuerte presencia argentina, como la compraventa de inmuebles y campos, los depósitos bancarios a través de sociedades anónimas al portador y las empresas asentadas en la zona franca de ese país.
El plan fija una serie de objetivos para avanzar en el control del lavado de dinero en línea con directivas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). El gobierno uruguayo lo elaboró en conjunto con técnicos del Fondo Monetario Internacional.
Tal como adelantó El Cronista en su edición de ayer, los hombres del FMI diagnosticaron, entre otras cosas, que “la problemática de la informalidad constituye la principal dificultad del sistema económico uruguayo para aplicar debidamente los controles ALA/CFT (Antilavado y de control al financiamiento al terrorismo), particularmente cuando se trata de operaciones de clientes de países vecinos”. Y que entre las modalidades de mayor riesgo de lavado de activos se destacan aquellas “personas que lavan activos mediante la constitución de sociedades a cuyo nombre se realizan operaciones bancarias y negocios relacionados con inmuebles”.
“Uruguay eligió el camino de ser derecho, de ser serio”, dijo Diego Cánepa, prosecretario de presidencia, al transmitir el pensamiento del presidente Mujica en conferencia de prensa, según consignó el diario de ese país El Observador. Asistieron a la presentación el titular de la Secretaría Antilavado, Carlos Díaz, el de la Unidad de Inteligencia Financiera del Banco Central, Daniel Espinosa, y el grupo de técnicos del FMI, encabezados por el jefe del grupo de integridad financiera del organismo, Matthew Byrne.
El plan tiene 20 objetivos, entre los que se destacan “armonizar” el marco legal, “fortalecer el control” del sistema financiero y del resto de los actores y “fortalecer la transparencia de las personas y estructuras jurídicas”.
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