Lt 10

En diálogo con LT10, Gabriel Ganón, Defensor General de la provincia, expresó que “lo que ocurrió en Florencia tiene que ver con una legislación procesal muy laxa. La policía continúa teniendo podes que corresponden al poder judicial. Por este motivo, la policía comete este tipo de delitos. Nosotros consideramos que la mejor manera de proteger a las víctimas (que estaban denunciando estos hechos en el Chaco santafesino) era poner a la Corte Suprema en conocimiento de esta situación para que tome medidas de protección y para que libera a estas personas cuyas vidas corren riesgos”.

Además, Gabriel Ganón agregó que “nosotros tomamos conocimientos porque el diputado Toniolli nos informó sobre esta situación, luego de que el tema le llegara a sus oídos. Luego de informarnos sobre el caso, con la defensora Regional de Reconquista nos constituimos en el lugar, entrevistamos a los jóvenes y comprobamos que los hechos eran ciertos. No perdamos de vista las cuestiones contextuales de la localidad de Florencia. Hasta los médicos que revisaron a los chicos tienen el mismo apellido que algunos de los implicados”.

Consultado sobre qué le contaron los chicos sobre lo que ocurrió en la comisaria de Florencia, el Defensor General de la provincia manifestó que “contaron que fueron torturados, que se les aplicó submarino seco y que le pusieron picana en la lengua, en las orejas y en los genitales. También, recibieron tormentos físicos terribles y abusos psicológicos. Los hacían hacer tremendos ejercicios físicos y les hacían limpiar la comisaría. Toda esta situación se desató a partir que uno de los chicos, aparentemente, tenía en su poder una moto robada”.

En este sentido, Gabriel Ganón sostuvo que “estos chicos estuvieron incomunicados siete días. Uno llega a pensar que el Juez estaba al tanto de esta situación. Cuando fueron llevados ante la justicia ya habían pasado varios días y los golpes se habían borrados. La policía tiene que informar inmediatamente al Juez sobre los detenidos. Habría que rectificar la legislación procesal que permite incomunicar. Esto es una violación de derechos. Ni siquiera la familia podía ver a estos chicos”.

Consultado sobre si este comportamiento judicial es esporádico o solo tiene que ver con la zona norte de la provincia, el Defensor General de la provincia manifestó que “por lo que pudimos recabar, parece que este es un comportamiento habitual en la zona norte de la provincia. El problema es permitirle a un policía interrogar a una persona con fines de investigación criminal. Esto es dejarles las manos libres para la aplicación de torturas, apremios ilegales o vejámenes”.

Finalmente, Gabriel Ganón remarcó que “no puede ser que una persona, antes de declarar, no pueda consultar a un abogado”.