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Funcionarios del Gobierno nacional, representantes de las gobernaciones y empresarios mantuvieron durante las últimas horas negociaciones contra reloj para solucionar uno de los entuertos cambiarios que montó la administración de Cristina Fernández en su afán por acaparar la mayor cantidad posible de dólares en las arcas del Tesoro.

La historia que está a punto de culminar comenzó en abril. Fue cuando el Ministerio de Economía lanzó la resolución 142, que achicó a 15 días corridos desde la fecha de embarque el plazo para liquidar divisas provenientes de exportaciones de diversos productos. Entre ellos, los minerales metalíferos, como el oro, la plata y el cobre, que constituyen el grueso de las ventas al exterior del sector.

Por la propia dinámica comercial de la actividad minera, son plazos insuficientes para que las empresas culminen sus operaciones de venta. Es por eso que decidieron, sin más, suspender las exportaciones de todo el sector.

En la práctica, desde el cuarto mes del año no hay ventas mineras al exterior, que rondan los u$s 450 millones mensuales (llegan a u$s 5.400 millones anuales, de acuerdo con números del mercado).

Más tarde, la cartera que conduce Hernán Lorenzino lanzó la resolución 231, que extendió los plazos a 30 días. Pero desde la mirada empresaria esa “concesión” nos les sirve en absoluto. Es porque una vez que se extrae el producto del subsuelo y luego de algunos procedimientos, las empresas lo compactan en barras compuestas por una mezcla de minerales.

Si bien tienen una previsión con respecto a su contenido, la certificación final proviene de la refinería (hay en Suiza, Canadá y Japón, por ejemplo), y de allí se determinará el precio de la exportación, así como el valor a liquidar.

Los empresarios mineros, el propio secretario del área, Jorge Mayoral, y los gobernadores hicieron esfuerzos para explicarles a los hombres del viceministro de Economía, Axel Kicillof, que todo ese proceso puede demorar hasta 180 días.

“No es que dejamos de exportar para presionar al Gobierno, sino porque no estamos en condiciones, con estos plazos, de cumplir la ley penal cambiaria”, sintetizó un empresario del sector al tanto de las negociaciones.

En el Gobierno barajan al menos dos alternativas: otorgarles a las empresas un plazo de 180 días más 30 o contar como plazo para la liquidación de divisas 30 días a partir del momento en que se determina el precio real de la exportación; es decir, luego del proceso de embarque y procesamiento en la refinería. De acuerdo con la información que manejaban los gobernadores, al viernes sólo faltaba la firma de Lorenzino para darle vía a una de esas alternativas.

Dado que la actividad minera de gran escala no produce para el mercado interno, las empresas se dedicaron a incrementar sus stocks hasta el próximo aviso. En esa tarea están todas las líderes del sector, según confió una fuente empresaria en reserva. Entre ellas, la canadiense Barrick (produce oro en San Juan), Gualcamayo (el mismo metal en la provincia cuyana), la suiza Xstrata (es la controlante de Bajo La Alumbrera, un yacimiento de cobre en Catamarca), Cerro Vanguardia (oro en Santa Cruz) y El Aguilar, una de las representantes más longevos de la actividad en el país (zinc, plomo y plata en Jujuy).

Las demoras en las liquidaciones del sector minero comenzaran a dejar huellas en las cuentas públicas en los próximos dos meses, cuando comiencen a notarse las exportaciones que se cancelaron en abril, mayo y lo que va de junio. A nivel anual, las ventas al exterior del sector implican nada menos que la mitad de los u$s 10.000 millones de superávit comercial que espera conseguir la presidenta Cristina Fernández este año.