Con el envío a la Legislatura del Proyecto de Ley de Implementación de los Derechos de la Persona Consumidora, el gobierno de Santa Fe da un paso decisivo para reglamentar el artículo N° 32 de la Constitución Provincial, reformada en 2025. La iniciativa, compuesta por 90 artículos, crea un sistema integral y moderno que ordena la prevención de abusos, agiliza los reclamos administrativos con audiencias virtuales en un plazo de 15 días y establece reglas claras para los juicios de consumo, incorporando por primera vez en la provincia los procesos colectivos.
El texto es el resultado de una articulación institucional coordinada entre el Poder Ejecutivo y el Consejo Económico y Social (CEyS). A través de una comisión especial convocada a fines de marzo de 2026, funcionarios de diversas áreas del Gobierno provincial trabajaron con juristas de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y la Universidad Católica Argentina (UCA), referentes de organizaciones de consumidores del centro-norte y centro-sur santafesino como la Asociación Civil para la Protección y Educación del Consumidor (APRECO) y Consumidores de la Era Digital (CED), y representantes del Consejo Provincial de Asociativismo y Economía Social.
Al respecto, el secretario General de la Gobernación, Juan Cruz Cándido, sostuvo que “la Constitución del 2025 consagra y reconoce los derechos de los consumidores en la provincia; por eso, desde el gobierno de Santa Fe, en conjunto con el Consejo Económico y Social, elaboramos el proyecto de ley de implementación en Santa Fe de la Ley Nacional de Defensa del Consumidor, que era una deuda, ya que éramos la única provincia que no contaba con esta ley. Esto fue una decisión del gobernador y por eso, luego de meses de trabajo, se presentó en la Legislatura el proyecto que está en tratamiento en la Cámara de Senadores”.
Más agilidad administrativa
La decisión institucional se tomó en la Asamblea Plenaria del CEyS del 30 de marzo de 2026, que creó la Comisión sobre Normativa de los Derechos del Consumidor, el cual trabajó durante tres meses en encuentros en los que se discutió todo el articulado, se definió la estructura del proyecto y el contenido de cada capítulo.
Cándido explicó que la iniciativa presentada tiene tres ejes. “El primero es la prevención; se promueve la educación para el consumo en las escuelas y el crédito responsable. Además, mecanismos para asistir a las personas que están en una situación crítica en materia de sobreendeudamiento”, señaló.
“El segundo eje es el sistema de reclamo administrativo, por el que se buscan acuerdos con audiencias, que pueden ser virtuales, dentro de los 15 días hábiles. De esta manera, se facilita el reclamo de manera digital, se establece un mecanismo administrativo y de solución de los conflictos, lo que conlleva una disminución de la judicialización. Hoy más del 60% de las causas de derecho civil y comercial están vinculadas al consumo”, agregó el funcionario.
“El tercero es facilitar el acceso a la Justicia a las personas que se ven afectadas en las relaciones de consumo. También se incorpora a los municipios en la prevención y en la defensa de los consumidores y se establecen reglamentaciones vinculadas a la transparencia digital en el uso de algoritmos a la hora de la atención a los clientes. Asimismo, dentro del mundo de las empresas, se diferencia a las pymes de las grandes firmas”, afirmó.
Vale destacar que, además de garantizar protección reforzada en entornos digitales e inteligencia artificial, promover el crédito responsable y sumar contenidos educativos junto al Ministerio de Educación, la ley consolida una gestión descentralizada y transparente. La norma proyecta una red provincial coordinada con los municipios, exige la rendición anual de cuentas sobre multas y acuerdos, y brinda reglas previsibles para las empresas, reafirmando el compromiso de la gestión con un Estado cercano, ágil y construido mediante el consenso social.
La directora provincial de Defensa del Consumidor, Valeria Schvartz, valoró la articulación institucional junto al CEyS, el sector académico y las asociaciones, y resumió el alcance de la iniciativa: “Logramos presentar una ley equilibrada, construida con consenso, que ordena y moderniza todo el sistema. Le garantiza a las personas un camino claro, rápido y gratuito para reclamar, y le da a las empresas reglas previsibles, sanciones proporcionales y un reconocimiento a quien cumple. Al mismo tiempo, dota al Estado de una gestión digital, articulada con los municipios y que rinde cuentas cada año, y le aporta a la Justicia una herramienta clave para evitar demandas repetidas gracias a los juicios colectivos”.
