Locales - Reforma en seguridad

Jueves 29 de Octubre de 2026 - 12:02 hs

La reforma en seguridad abre un debate sobre derechos y poder policial

El doctor en Derecho Óscar Blando cuestionó por LT10 las nuevas facultades que se debaten en la Legislatura santafesina. Advirtió sobre las declaraciones sin la presencia de un defensor y la ampliación de las detenciones por averiguación de identidad

Las reformas en seguridad que se debaten este jueves en la Legislatura de Santa Fe abrieron una discusión sobre los límites de la intervención policial y la protección de las garantías constitucionales. Entre los puntos cuestionados aparecen las declaraciones de sospechosos sin abogado defensor y la ampliación de las facultades para detener personas por averiguación de identidad.

El Gobierno sostiene que necesita nuevas herramientas para enfrentar las transformaciones del delito. Sin embargo, el doctor en Derecho y profesor de Derecho Político y Constitucional Óscar Blando consideró que las propuestas implican un retroceso y que la disminución de los homicidios demuestra que el Ejecutivo ya cuenta con instrumentos suficientes para continuar su política de seguridad.

En diálogo con LT10, el especialista sostuvo que varias de las medidas afectan el debido proceso, el derecho de defensa y la libertad ambulatoria. Su principal cuestionamiento estuvo dirigido a la relación entre las nuevas atribuciones y los mecanismos de supervisión.

“Cuando hay más atribuciones a la policía tiene que haber más controles, no menos”, afirmó Blando. Según su lectura, las reformas avanzan en sentido contrario: amplían facultades policiales y fiscales mientras restringen la intervención judicial.

Por qué cuestiona las declaraciones sin defensor

Blando advirtió que la presencia de un abogado resulta fundamental cuando una persona detenida debe enfrentar el poder del Estado. Explicó que el defensor puede informarle que tiene derecho a no declarar en su contra, orientarla sobre el procedimiento y explicarle cuáles serán los pasos siguientes.

El especialista remarcó que esas garantías no están reservadas únicamente a quienes cometen delitos y que cualquier ciudadano puede verse involucrado en una investigación penal, por ejemplo, después de un siniestro vial.

“Las garantías constitucionales son para todos, son universales”, sostuvo. En ese marco, consideró que permitir declaraciones ante la Policía sin asistencia de un defensor afecta el derecho de defensa.

También reclamó una discusión pública más amplia sobre el alcance de las reformas. “Hay que avanzar con la ley en la mano, con la Constitución en la mano, con los derechos constitucionales garantizados”, expresó.

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Las detenciones por averiguación de identidad

Otro de los puntos que cuestionó fue la ampliación de los plazos de detención para identificar personas. Según describió, el proyecto contempla la posibilidad de llegar hasta las 48 horas en determinados supuestos de intervención especial.

Blando subrayó que estas medidas pueden alcanzar a personas que no están acusadas de ningún delito, por lo que rechazó que se las presente exclusivamente como instrumentos contra la delincuencia.

“Cuando a una persona se la detiene para averiguar si tiene o no antecedentes o si tiene identidad por la calle, ¿ustedes creen que así se combate la narcocriminalidad?”, planteó.

Consultado sobre el argumento oficial de que el delito cambia y exige nuevas respuestas, reconoció la necesidad de fortalecer la investigación criminal y proteger a las víctimas. No obstante, sostuvo que esas políticas deben desarrollarse junto con el respeto al debido proceso, la defensa y el principio de inocencia.

Un pedido de límites al poder

El profesor también rechazó las descalificaciones hacia quienes defienden las garantías constitucionales. Recordó que esos principios tienen raíces en las revoluciones liberales y en la tradición constitucional argentina.

“El garantismo no nació con Zaffaroni”, afirmó, al cuestionar que se reduzca esa discusión a una identificación política o ideológica.

Para Blando, el debate excede una herramienta policial concreta y pone en juego los límites de quienes gobiernan. “Y cuando no se ponen límites al poder, el poder abusa”, advirtió.

Por eso, pidió que los legisladores revisen las propuestas y resguarden los derechos constitucionales sin abandonar la persecución del delito. Su expectativa, señaló, es que los sectores que históricamente defendieron esas garantías ejerzan el control para el que fueron elegidos.

Audio: Escuchá la entrevista con Oscar Blando

Fuente: LT10

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