Corral destacó que el paquete legislativo impulsado por la Casa Gris abarca modificaciones al Código Procesal Penal, la ley de ejecución de la pena, la ley orgánica de la policía y el código de faltas, entre otros marcos normativos. Según explicó el diputado oficialista, aunque los índices de violencia extrema como los homicidios dolosos mostraron una clara mejora en 2024 y 2025, resulta indispensable responder a la preocupación ciudadana por los delitos predatorios como los robos en la vía pública. "El gobernador necesita estas herramientas para seguir mejorando la seguridad en la provincia y no nos vamos a quedar de brazos cruzados", remarcó durante la entrevista radial.
Entre los aspectos centrales de la reforma, el legislador resaltó la incorporación de tecnología para combatir el robo de celulares y agilizar el accionar policial. El proyecto prevé que las fuerzas de seguridad puedan verificar el número de IMEI contra los registros de aparatos sustraídos y autoriza intervenciones fiscales rápidas ante ubicaciones precisas por GPS. "Se trata de dar herramientas para achicar el mercado delictivo; si tu número coincide con un celular robado, tendrás que explicar de dónde lo sacaste", argumentó Corral al equiparar la medida con los controles vehiculares. Asimismo, el texto contempla sumar causales específicas de allanamiento sin orden judicial previa en situaciones de urgencia, siempre con control judicial posterior.
Otro de los puntos previstos por la iniciativa es la garantía de defensa técnica obligatoria para los efectivos policiales a través de la Defensoría General. Corral criticó las posturas jurídicas del pasado que obligaban a los agentes a contratar patrocinio privado tras un enfrentamiento en servicio. "A una persona la capacitás, le das un arma y la mandás a la calle, pero si tenía un problema judicial el Estado la dejaba sin defensa; eso se termina con esta ley", enfatizó al fundamentar la creación de cargos especializados dentro de la defensa pública.
En relación con el régimen penitenciario, la propuesta habilita el aislamiento total por tiempo limitado para los presos de alto perfil con el objetivo de evitar que se ordenen delitos o amenazas desde el interior de los penales. Corral contrapuso esta medida con la inversión en infraestructura carcelaria que lleva adelante la provincia, donde se construyen miles de nuevas plazas y unidades de máxima seguridad. "El Estado no puede ser tonto frente a delincuentes que enviaban a matar personas desde sus celdas; hay que darle la autoridad necesaria al servicio penitenciario", sostuvo.
Finalmente, el diputado confirmó que la coalición oficialista prevé avanzar con el dictamen de comisión para llevar el tema al recinto durante los próximos días. Si bien remarcó que existe disposición para ajustar la redacción técnica en diálogo con la oposición y con el Poder Ejecutivo, ratificó la decisión política del bloque. "Tratamos de lograr los consensos más altos, pero la responsabilidad de gobernar es de Unidos y vamos a darle al gobernador las herramientas que solicitó", concluyó Corral.