El caso Misael Aguirre generó repercusiones en Unión y motivó una respuesta oficial. Luego de conocerse la retención de parte de la AFA en los ingresos televisivos por una deuda en los derechos de formación reclamados por Náutico El Quillá, el club salió a fijar su posición mediante un comunicado publicado en sus redes sociales.
En primer lugar, la entidad hizo una aclaración sobre la medida: sostuvo que no se trata de un embargo, sino de una retención de los derechos de televisión. Según detalló, el reclamo ronda los cinco millones de pesos, mientras que Unión percibe un promedio mensual de 380 millones por ese concepto.
A partir de esos números, la institución señaló que el monto representa aproximadamente el 1,32% de los ingresos televisivos mensuales y consideró que se trata de una cifra marginal en relación con los recursos que recibe por esa vía. Además, afirmó que este tipo de mecanismos de cobro y retenciones registra antecedentes en el fútbol argentino.
Más allá de la explicación económica, buena parte del comunicado estuvo dirigida a cuestionar la manera en que se difundió el caso. Unión expresó su rechazo al tratamiento de la información y sostuvo que la repercusión no estuvo acompañada del contexto que, a su entender, era necesario para dimensionar el alcance de la medida.
Como parte de sus argumentos, la entidad recordó episodios vinculados con el último proceso electoral del club y señaló que, durante aquella campaña, periodistas compartieron viajes a partidos de la Copa Sudamericana con integrantes de la lista opositora al oficialismo. Unión incluyó ese antecedente para fundamentar su cuestionamiento a la imparcialidad que, considera, debería orientar el ejercicio periodístico.
Comunicado oficial. https://t.co/yIVMQBBMZr
— Club Atlético Unión (@clubaunion) October 23, 2026
Al mismo tiempo, el club reconoció el derecho de socios e hinchas a expresar críticas y reclamos, especialmente ante resultados deportivos que no cumplen con las expectativas. Sin embargo, marcó una diferencia entre esas manifestaciones y lo que definió como una utilización sistemática de la información para perjudicar la imagen de la institución y de sus autoridades.