La sede del fuero penal en los tribunales santafesinos es escenario este martes de dos importantes audiencias para resolver causas judiciales de alto impacto provincial mediante procedimientos abreviados. Ambas instancias buscan dar cierre definitivo a expedientes que involucran delitos complejos y hechos de suma gravedad ocurridos en la región.
El primero de los procedimientos, programado para las 8 de la mañana, está vinculado a la denominada causa Storni. Esta investigación penal abarca una amplia red de estafas inmobiliarias y asociación ilícita liderada por el abogado Alfonso Storni, cuya causa está a cargo de la fiscal Bárbara Ilera.
La investigación se centra en la venta de lotes inexistentes o terrenos ajenos sin autorización comercial en Santa Fe, Colastiné, Santo Tomé, Sauce Viejo y Arroyo Leyes. El expediente se cierra en la fecha mediante la presentación de un acuerdo de juicio abreviado concretado junto al defensor particular Héctor Acuña.
La fiscal Bárbara Ilera explicó que Javier Andrés Cóceres, abogado imputado e investigado como miembro de una asociación ilícita, fue condenado en este abreviado y deberá cumllir tres años de efectivo cumplimiento, inhabilitación para el ejercicio de la profesión de abogado y de corretaje inmobiliario, y ofreció una indemnización a las víctimas.
De los detendios, "la mayoría aceptó la responsabilidad de los hechos y se encuentran condenados". Tanto Storni como otro condenado de apelido Mendoza están cumpliendo prisión domiciliaria.
Por su parte, Héctor Acuña, abogado defensor de Cóceres, se mostró a favor del acuerdo y que su defendido llevaba 25 meses con prisión, set erminó la prisión preventiva y queda sujeto a reglas de conducta, y a cumplir con pagos económicos.
Por otra parte, la segunda audiencia aborda el homicidio de Franco Demarchi, un joven oriundo de Sancti Spíritu que fue asesinado a balazos en la intersección de las calles Hipólito Yrigoyen y Lamadrid. La víctima se había trasladado a la capital provincial para realizar la compraventa de una motocicleta Honda Tornado 250.
Para este caso, la propuesta presentada a la fiscalía por el fiscal Carlos Lacuadra contempla penas de 29 años de prisión para uno de los coautores del crimen y 28 años para el otro involucrado. El acuerdo cuenta con la conformidad rubricada entre las defensas públicas y los familiares de la víctima.