El ministro de Educación de Santa Fe, José Goity, presentó los alcances del Protocolo Integral de Actuación ante contingencias meteorológicas, diseñado para unificar y regular los criterios de suspensión de clases presenciales frente a eventos climáticos excepcionales. La iniciativa busca estructurar las respuestas del sistema educativo provincia ante la proximidad de fenómenos hídricos adversos. Según explicó el funcionario, "básicamente es un ordenamiento y una guía para la actuación de los establecimientos escolares" que permite ordenar la función educativa en un sistema amplio y complejo.
Respecto a la utilización de los edificios escolares como centros de evacuados o refugios en comunas y municipios, la gestión provincial fijó una postura restrictiva para priorizar el calendario escolar. Goity remarcó que las instalaciones educativas solo se habilitarán bajo escenarios extremos cuando no existan otras alternativas en la localidad. "Nosotros consideramos que la escuela tiene que ser el último lugar y ante una situación ya muy extrema para ser utilizado", sostuvo el ministro, argumentando que la prioridad del gobierno es garantizar que cada día de clase se dicte. Asimismo, precisó que dependencias como los comedores escolares sí se pondrán a disposición del servicio comunitario sin interrumpir las clases.
En cuanto al esquema de toma de decisiones, la provincia descartó la aplicación de suspensiones generales e indiscriminadas en todo el territorio santafesino. El protocolo establece una instancia descentralizada donde cada caso se evalúa de manera particular en función de la realidad de cada región. La coordinación técnica queda a cargo de Defensa Civil junto a los gobiernos locales, las delegaciones regionales de educación y los equipos directivos de las escuelas involucradas. "Las decisiones son particulares y tienen que ver con la realidad de cada una de las regiones; no hay una decisión general de suspender en toda la provincia", aclaró el titular de la cartera.
Un punto clave del instrumento regulatorio se enfoca en el resguardo de la comunidad educativa ante imposibilidades de traslado por anegamientos o temporales. El ministro confirmó que no se computarán las faltas ni se afectará el incentivo de asistencia perfecta a los docentes que resulten damnificados o que no puedan acceder a las aulas por problemas de transitabilidad. "Al docente que por una contingencia no puede concurrir, no se le computa la falta, por lo tanto no tiene ninguna consecuencia porque claramente no es una voluntad propia", afirmó Goity, señalando que el mismo criterio de justificación rige para el alumnado.
Por último, el protocolo exige garantizar la continuidad pedagógica mediante el despliegue de actividades a distancia durante los días en que las escuelas permanezcan cerradas. La provincia apelará a mecanismos de aprendizaje remoto similares a los utilizados durante la emergencia sanitaria para mitigar la interrupción de la presencialidad. "Si no hay clase no quiere decir que no haya actividad educativa", enfatizó el funcionario al remarcar que se sostendrán las tareas escolares adaptadas a la contingencia.